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Con el general Cienfuegos, son ya tres funcionarios del gabinete de peña Nieto en prisión

Con el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, California, ya son tres ex miembros del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto que están en prisión.

Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social y Emilio Lozoya, ex director de Pemex – tenía rango de secretario -, completan la tercia de funcionarios que comprometen la gestión del priista.

Desde el inicio y hasta el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros, fue señalado de conocer las corruptelas en las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más cercanos y no tomar medidas.

Es por eso que la administración de Peña Nieto ha sido señalada por investigaciones periodísticas y especialistas, como uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México.

A casi dos años de haber iniciado su sexenio, una revelación periodística puso en jaque a la administración del ese entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Habían quedado atrás los elogios de la prensa extranjera que, con titulares como «Saving Mexico» y «The Mexican Moment», alababan las reformas implementadas por el presidente priista como la Energética y la Educativa.

Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, la prensa nacional e internacional condenaba los hechos, así como la nula actuación del gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña. Había una fuerte indignación social.

El 09 de noviembre de 2014 Aristegui Noticias, Proceso y Sin Embargo publicaron una investigación periodística en la que se reveló la existencia de la llamada Casa Blanca, una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec y valuada en 86 millones de pesos, alrededor de 7 millones de dólares (USD).

El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la primera dama, Angélica Rivera. Mediante un video, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

El clip causó una gran indignación por lo que el propio presidente salió a admitir que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.

Después surgieron otros casos de corrupción como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz acusado de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público.

Al caso de veracruzano, también se sumaron los casos de corrupción del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y el del ex mandatario de Chihuahua César Duarte; los cuales, el propio Peña Nieto alababa como la cara del “nuevo PRI”.

A lo largo de su gobierno también se destaparon los escándalos de La Estafa Maestra, mediante la cual, 11 dependencias usaron 128 empresas fantasma para desaparecer 7,760 millones de pesos.

Durante la administración del político originario del Estado de México, también se concretó la implementación de las reformas Energética y Educativa, las cuales se aprobaron de forma polémica, al señalarse que dañarían al país.

Aunado a ello, también se destaparon diversos casos de corrupción en Pemex que involucraron tanto al titular de la empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya, a trabajadores (por el robo de combustible -”huachicoleo”-), como al líder sindical Carlos Romero Deschamps.

Además, el en ese entonces aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador (hoy presidente de la República), señaló que la campaña de Peña Nieto habría sido financiada con recursos provenientes del lavado de dinero.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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