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Con el gobierno federal anterior hubo más de 200 millones de actos corruptos en tan sólo un año

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La Confederación Nacional Campesina denunció que de acuerdo con Transparencia Internacional, en los últimos años de la administración federal anterior, se identificaron más de 200 millones de actos corruptos por parte de las autoridades públicas, y lamentó que México padezca uno de los problemas más graves que afectan a la mayoría de los países del mundo y atentan contra la población.

En este sentido, el senador y presidente de la CNC, Gerardo Sánchez García, aseguró que en el estado de Guanajuato en 10 años de administraciones panistas anteriores, la corrupción, según Transparencia Internacional, se incrementó en un 100%, por lo que demandó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conformar un grupo plural de trabajo para investigar y esclarecer el presunto uso indebido de recursos públicos en esa entidad.

El líder cenecista sostuvo que es el sector rural uno de los más afectados por la corrupción y como ejemplo mencionó las presuntas irregularidades en la compra de 933 hectáreas a ejidatarios por parte del Gobierno de Guanajuato que encabezó Juan Manuel Oliva –que serían destinadas a la construcción de la Refinería Bicentenario– propuesta que se incluyó, como se recordará, fue anunciada por el entonces Presidente Felipe Calderón el 15 de octubre del 2008 en el marco de la presentación del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), con una inversión de 12 mil millones de pesos para la construcción de dicha refinería.

Pero hasta la fecha, acusó, esa obra no existe y, además, existió una presunta red de corrupción que la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) detectó en el Instituto de Salud Pública del Estado (ISAPEG) y áreas de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), en la que se involucra a 177 funcionarios estatales, autorizando contratos a empresas fantasmas, como Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A de C.V., por 294 millones de pesos (MP) por concepto de equipo médico y compras irregulares realizadas a la empresa con licitaciones falsas por 238 MP.

El senador guanajuatense precisó también que en el Hospital General de Silao, existen denuncias de ocultamiento de información al Congreso Local por inversión en obra pública por 561.4 MP; de 27.4 MP por diferencias en cuentas bancarias; 50 cheques sin localizar; un adeudo por 79.3 MP al Seguro Popular; un desfalco por 294 MP; 1.2 MP de gastos no comprobados y un sobrepago de más de 600 mil pesos; estos presuntos actos irregulares suman casi 964 MP.

Asimismo, detalló que en revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Transparencia y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Estado de Guanajuato, destaca el proyecto de construcción de la torre de 23 pisos denominada “Conjunto Estrella”, proyecto que fue cancelado y donde se erogaron inútilmente 15 MP.

El dirigente de la CNC destacó que en su tierra de origen y con el gobierno anterior destacaron irregularidades en la operación del Seguro Popular por pérdidas por la venta de medicinas de costo real y la asignación de contratos sin licitar. La ASF confirmó irregularidades del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, solo en el surtido de medicamentos, por casi 3 MP.

Por si fuera poco, abundó, en 2010, de acuerdo a la auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), el gobierno de Guanajuato, a través del DIF estatal, adjudicó contratos a las empresas “Impulsora Comercial Estrella” e “Impulsora Comercial la Espiga”, presuntamente ligadas a dirigentes panistas locales, entre quienes figuran como accionistas familiares de ellos, por 150 MP.

En ellos se incluyen paquetes de útiles escolares por 40.7 MP (No. de contrato 4580000576), donde el OSF destaca que se dieron pagos irregulares por casi 2 MP, sin que se hallara evidencia del material comprado. También destaca la compra de más de 940 mil latas de atún caducadas y en mal estado. Y no sólo eso, sino que las autoridades del DIF dispusieron de casi 1.3 MP adicionales para que sustituyeran las latas de atún referidas, por latas de pollo en agua. Por otra parte, el DIF adjudicó un contrato sin licitar, presuntamente a Elia Margarita Lona Calvo quien es consuegra del ex Gobernador Juan Manuel Oliva por 1.8 MP para la adquisición de miel de abeja.

El legislador recordó que uno de los objetivos de la construcción del Expo Parque Bicentenario fue que se reconociera a Guanajuato como protagonista de esta conmemoración: “como la capital de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución”, sin embargo, de origen el proyecto generó controversias, primero porque el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez eligió como sede a Silao y no Dolores Hidalgo, que históricamente es la Cuna de la Independencia Nacional, por lo que debió ser el punto medular de las celebraciones y segundo por su alto costo y las escasas perspectivas de utilización.cnc corrupcion federal

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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