Opinión
Con miedo a vivir. Por Itali Heide

Itali Heide
¿Para qué fuimos enviados a este planeta? Me he hecho la misma pregunta durante años, esperando encontrar una respuesta que satisfaga mi necesidad de no ser olvidada. Por mucho que busque un cierre, no parece haber una respuesta convincente a las preguntas existenciales de la vida.
Aparenta ser que no hay una verdadera razón por la que debamos existir, por muy equivocada que se sienta esa respuesta. Yo diría que más que ser un impedimento para vivir la vida al máximo, es una razón para hacerlo. Si estamos aquí para nada, podemos vivir para lo que sea, ¿no?
Esto no significa que no debamos preocuparnos por lo que hacemos, por lo que sentimos, por quiénes somos y por cómo vivimos, sino que debemos sacar el máximo provecho de esas cosas. Somos capaces de disfrutar de cada pensamiento que pasa fugazmente por nuestra mente, cada movimiento en el que cae nuestro cuerpo, cada decisión que da forma a nuestra vida, grande o pequeña, cada paso dado hacia nuevos caminos y cada aliento que llena nuestros pulmones. Vivir para nada no es ni mucho menos vivir sin razón, sino que es una forma de experimentar la existencia en el presente, aprovechando cada milisegundo que se nos concede.
Cuando se trata del final de la vida, la mayoría de nosotros tenemos miedo. Tal vez no temamos la vida que se agota en nuestro cuerpo o la forma de morir, pero sí el legado que dejamos atrás. Nos preocupa si seremos recordados con orgullo y amor, si nuestra existencia se desvanecerá en la nada, si incluso valió la pena vivir. Nos preguntamos de qué nos perderemos al pasar al otro lado, nos preocupamos por las personas que queremos y tememos la llegada del más allá desconocido.
¿Nos equivocamos al preocuparnos por lo que nos traerá la muerte? De ninguna manera. No preocuparse por la vida después de la muerte sería lo contrario de la naturaleza de la humanidad. Debemos preguntarnos qué pasará cuando dejemos esta tierra, pero no dejar que eso nuble la realidad de la vida que se está viviendo.
La muerte sólo ocurre una vez, mientras que la vida ocurre todos los días. Yo también soy culpable de dejar que la vida se me escape de las manos al desplazarme sin cesar por publicaciones que no hacen más que despertar ansiedad e inseguridades. Paso horas tumbada en la cama, devanándome los sesos en busca de motivación para hacer algo más y dejando que la vida pase de largo. Me encuentro mirando irremediablemente a la pared en lugar de tocar el pasto que crece justo al otro lado de mi ventana. Sé que le temo a la muerte, pero ¿podría ser que también le temo a la vida?
La culpa de no vivir la vida al máximo nos comerá vivos, pero aún así no despertará un cambio necesario. Estamos paralizados por un mundo que nos ofrece demasiado y nunca lo suficiente, robándonos la felicidad al hacernos sentir que nunca alcanzaremos la satisfacción.
No necesitamos coches brillantes ni teléfonos móviles caros. Estaríamos mejor sin collares brillantes ni series adictivas. Quizá seríamos más felices sin pizza entregada a un solo clic y jornadas laborales de ocho horas. Tal vez no le tememos a la muerte, pero sí a perder lo material que hemos reunido a lo largo de nuestra vida. La verdad es que lo dejamos todo atrás, llevándonos sólo lo que persiste el tiempo en nuestros corazones y mentes.
Cuando ignoramos la vida que tenemos delante, nos ignoramos a nosotros mismos y nos robamos la oportunidad de disfrutar de las cosas sencillas del día a día. Tomarse el tiempo de preparar un café caliente debería alegrar nuestra sonrisa. Correr descalzo por el zacate debería ser un motivo para sentirse vivo. Respirar profundamente el aire fresco debería servir como recordatorio de que estamos aquí, ahora mismo. Tal vez, sólo tal vez, nos hemos olvidado de estar vivos. ¿Para que fuimos enviados a este planeta? No sólo para existir y sobrevivir, sino para vivir y florecer.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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