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Concede gobierno de Ecuador asilo político a Assange

El Gobierno de Ecuador comunicó hoy que ha concedido asilo al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, y dijo «confiar» en que Londres otorgue las garantías y el salvoconducto pertinentes para que él pueda viajar a Quito.

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa en la sede de la Cancillería, señaló que la decisión se sustenta en el derecho internacional y en la consideración de que la vida de Assange corre peligro, si finalmente es extraditado a Estados Unidos.

Patiño dijo que su Gobierno «confía» en que el Reino Unido ofrecerá las garantías o el «salvoconducto correspondiente» para que Assange pueda llegar a Ecuador.

Precisó que la decisión ecuatoriana ha sido comunicada hoy al encargado de negocios de Reino Unido en Quito, por parte del vicecanciller, Marco Albuja.

Assange, reclamado por la justicia sueca por delitos sexuales y responsable de la divulgación de miles de documentos secretos, principalmente de EE.UU., está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio pasado.

El canciller ecuatoriano dijo que ha pedido a los organismos de integración de la región que se convoquen a reuniones urgentes para analizar el caso y que pueda haber una respuesta a ese nivel.

Incluso mencionó la posibilidad de que sus colegas de la Alianza Bolivariana para Nuestra América (Alba) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reúnan este sábado en Quito.

«Está considerándose de que la reunión se produzca este mismo fin de semana», dijo el canciller.

Asimismo, señaló que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, puede convocar a una Asamblea extraordinaria del organismo en los próximos días.

El ministro aseguró que la concesión del asilo a Assange obedece también al temor que ha expresado sobre «la eventual persecución política que podría sufrir en un tercer Estado, el mismo que podría valerse de su extradición al Reino de Suecia para obtener a su vez la extradición ulterior a aquel país».

Se refirió a la posibilidad de que finalmente Assange sea extraditado a Estados Unidos, donde sus abogados temen que sea juzgado y condenado a cadena perpetua o a muerte por la «desclasificación de información comprometedora» para Washington.

Assange, en su petición de asilo, ha argumentado que «es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva no solo de sus ideas y sus acciones sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo», subrayó Patiño.

Según la «evidencia jurídica» recogida por el Gobierno ecuatoriano, tiene fundamento que si Assange es extraditado a EE.UU. «no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares» y podría ser sometido a tratos crueles o degradantes, dijo.

Asimismo, indicó que Ecuador cree que «se han menoscabado los derechos procesales del señor Assange» y que tampoco cuenta con el auxilio de su país de origen: Australia.

«El Gobierno del Ecuador considera que estos argumentos dan sustento a los temores de Julian Assange, en tanto éste puede ser víctima de una persecución política como consecuencia de su defensa decidida a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa», señaló Patiño.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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