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Concede gobierno de Ecuador asilo político a Assange

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El Gobierno de Ecuador comunicó hoy que ha concedido asilo al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, y dijo «confiar» en que Londres otorgue las garantías y el salvoconducto pertinentes para que él pueda viajar a Quito.

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa en la sede de la Cancillería, señaló que la decisión se sustenta en el derecho internacional y en la consideración de que la vida de Assange corre peligro, si finalmente es extraditado a Estados Unidos.

Patiño dijo que su Gobierno «confía» en que el Reino Unido ofrecerá las garantías o el «salvoconducto correspondiente» para que Assange pueda llegar a Ecuador.

Precisó que la decisión ecuatoriana ha sido comunicada hoy al encargado de negocios de Reino Unido en Quito, por parte del vicecanciller, Marco Albuja.

Assange, reclamado por la justicia sueca por delitos sexuales y responsable de la divulgación de miles de documentos secretos, principalmente de EE.UU., está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio pasado.

El canciller ecuatoriano dijo que ha pedido a los organismos de integración de la región que se convoquen a reuniones urgentes para analizar el caso y que pueda haber una respuesta a ese nivel.

Incluso mencionó la posibilidad de que sus colegas de la Alianza Bolivariana para Nuestra América (Alba) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reúnan este sábado en Quito.

«Está considerándose de que la reunión se produzca este mismo fin de semana», dijo el canciller.

Asimismo, señaló que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, puede convocar a una Asamblea extraordinaria del organismo en los próximos días.

El ministro aseguró que la concesión del asilo a Assange obedece también al temor que ha expresado sobre «la eventual persecución política que podría sufrir en un tercer Estado, el mismo que podría valerse de su extradición al Reino de Suecia para obtener a su vez la extradición ulterior a aquel país».

Se refirió a la posibilidad de que finalmente Assange sea extraditado a Estados Unidos, donde sus abogados temen que sea juzgado y condenado a cadena perpetua o a muerte por la «desclasificación de información comprometedora» para Washington.

Assange, en su petición de asilo, ha argumentado que «es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva no solo de sus ideas y sus acciones sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo», subrayó Patiño.

Según la «evidencia jurídica» recogida por el Gobierno ecuatoriano, tiene fundamento que si Assange es extraditado a EE.UU. «no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares» y podría ser sometido a tratos crueles o degradantes, dijo.

Asimismo, indicó que Ecuador cree que «se han menoscabado los derechos procesales del señor Assange» y que tampoco cuenta con el auxilio de su país de origen: Australia.

«El Gobierno del Ecuador considera que estos argumentos dan sustento a los temores de Julian Assange, en tanto éste puede ser víctima de una persecución política como consecuencia de su defensa decidida a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa», señaló Patiño.

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Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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