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México

Conceden amparo a Rosario Robles

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo a Rosario Robles contra la resolución de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, en 2021, decidió inhabilitar a la ex funcionaria para ocupar un cargo público durante diez años.

Así lo confirmó Robles Berlanga mediante un mensaje que posteó en sus redes sociales, donde informó que se le otorgó el amparo y, en consecuencia, la protección de la justicia federal contra la sanción.

«El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior, y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública (SFP), violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por diez años”, indicó Rosario Robles.

Lo anterior, por presuntamente «no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de dos mil pesos que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco», dijo.

La ex secretaria de Desarrollo Social detalló que el Tribunal Colegiado ordenó una nueva discusión del asunto con base en el artículo 37 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

«Toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia. Un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto», señaló Robles.

Así, por mayoría de votos de los magistrados Silvia Cerón Fernández y Jorge Ojeda Velázquez, en contra del voto particular del magistrado Jorge Higuera Corona, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor de Robles Berlanga en una ponencia inicial del Magistrado Jorge Higuera Corona y siendo encargada del engrose la Magistrada Silvia Cerón Fernández.

En su sentencia, el Tribunal Unitario destacó que «en las relatadas circunstancias, ante lo fundado del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, se impone otorgar el amparo solicitado, a fin de que la Sala Superior responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita una nueva en la que declare la nulidad de la resolución impugnada y ordene a la autoridad demandada emitir una nueva resolución, en la que determine, con plenitud de jurisdicción, la sanción correspondiente por la falta administrativa cometida por María del Rosario Robles Berlanga, atendiendo al último párrafo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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