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México

Conceden prisión domiciliaria a Mario Villanueva, tras 19 años en cárcel

El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, arrestado en 2001 y sentenciado a 22 años de cárcel por el delito de nexos con la delincuencia organizada, fue trasladado anoche a su casa, luego de que el Segundo Tribunal Unitario con sede en Toluca le concedió el beneficio de prisión domiciliaria.

En redes sociales, el ex gobernador de Quintana Roo dio a conocer poco antes de la medianoche que se “iba a casa”, tras un acuerdo del Tribunal Federal que ordenó el traslado a su domicilio.

La noticia fue anunciada a través de una llamada por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera a liberarlo, durante una de sus visitas a Cancún.

“Imaginen lo que siento después de 21 años y casi tres meses sin pisar mi hogar, con 19 años de cárcel, cuando soy inocente de lo que me han acusado“, expresó Villanueva Madrid.

Asimismo, refirió que el Congreso de Quintana Roo probó su inocencia luego de que en agosto de 2019 se emitiera, desde el Legislativo estatal, un exhorto al presidente de la República para que le otorgase el indulto, con base en un dictamen elaborado por la anterior legislatura.

En el periodo de elaboración del dictamen, en el que se concluyó que fue encarcelado por una “venganza política”, fungía como diputado independiente su hijo, Mario Villanueva Tenorio.

En su mensaje en redes sociales, el ex gobernador apuntó que ahora se continuará con la búsqueda de su libertad, que están gestionando los defensores públicos dirigidos por Carlos Gustavo Cruz Miranda, con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaria de Gobernación.

Villanueva Madrid fue el primer gobernador mexicano en enfrentar acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, tanto en México como en Estados Unidos.

Emanado de las filas del PRI, fue gobernador de abril de 1993 a marzo de 1999, fecha en que presentó su renuncia frente a los procesos penales que se habían anunciado en su contra.

Se le acusó de aprovechar el cargo para brindar protección al Cártel de Juárez, encabezado entonces por el extinto Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

Villanueva será trasladado de la clínica donde se encuentra hospitalizado en Chetumal a su domicilio particular.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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