Conecta con nosotros

México

Concentración de gas LP deja ganancias anormales

Una concentración en los distribuidores de gas LP en el país generó que tanto competidores privados como Pemex no compartieran con sus clientes los derivados de la baja internacional del combustible, lo que derivó en ganancias anormales.
La concentración de distribuidores de gas LP en México llevó a los competidores privados y a Pemex a no compartir con los consumidores los ahorros derivados de la baja internacional en el precio del combustible usado en ocho de cada 10 hogares, concluyó un análisis preliminar de la Comisión federal de Competencia Económica (Cofece) al que tuvo acceso El Financiero.
La autoridad encontró que hay regiones enteras en el país donde un sólo jugador tiene hasta el 90 por ciento de las ventas. En Colima, por ejemplo, una empresa tiene 85 por ciento de participación en las ventas totales; en Baja California Sur otra firma tiene 67 por ciento, y en Campeche una compañía más concentra el 90 por ciento.
Por su parte el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDAC) hizo un análisis en el que muestra que en 83 por ciento de los municipios de este país solamente hay entre tres y cuatro distribuidores.
Alejandra Palacios, presidenta comisionada de la Cofece, explicó que los precios internacionales bajaron hasta 34 por ciento en enero de este año, lo que modificó las estructuras de costos de Pemex e hizo del subsidio un beneficio extraordinario para la estatal.
“Durante muchos años, la diferencia entre el precio de Venta de Primera Mano y el precio de referencia internacional se tradujo en un subsidio generalizado al gas L.P que era absorbido por Pemex. A partir de enero 2015 los precios de referencia internacional comenzaron a bajar, en consecuencia, el subsidio se transformó en un beneficio extraordinario para Pemex y más recientemente para las empresas privadas”, refirió a El Financiero en una entrevista por escrito.
Esto permitió que las empresas privadas tuvieran márgenes de hasta 85 por ciento al comprar el combustible en el mercado internacional en 6 mil 695 pesos por tonelada y revenderlo en México en el precio máximo de 12 mil 830 pesos por tonelada, de acuerdo con gráficas del reporte de la Cofece.
Lo anterior es posible porque no hay suficientes empresas para presionar el precio de venta a la baja, puntualizó Palacios. “Los privados han estado maximizando sus márgenes de ganancia no otorgando descuentos con respecto al precio máximo permitido por la Secretaría de Economía, ya que no tienen presión competitiva en sus regiones”, indicó.
La estructura de mercado anterior no significa necesariamente que se haya caído en alguna práctica anticompetitiva.
“La Ley Federal de Competencia Económica no considera como práctica anticompetitiva tener niveles de participación altos en el mercado, tampoco el ‘cobrar precios altos’ o ‘tener amplios márgenes de ganancia’”, puntualizó.
El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto