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México

Concluye ISSSTE 166 obras de infraestructura médica en actual administración

En la presente administración se han concluido 166 obras de infraestructura médica con una inversión de más de 5 mil 797 millones de pesos, con el propósito de modernizar y transformar la atención que se brinda a los más de 13 millones de derechohabientes.

El Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, especificó que se construyeron y remodelaron Hospitales Generales en Chiapas, Zacatecas, Toluca, Aguascalientes, Michoacán, Sinaloa, Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México. De igual manera, a través del esquema de Asociación Público Privado (APP), se construirán cuatro nuevas unidades médicas en Mérida, Yucatán; Villahermosa, Tabasco; Delegación Tláhuac, Ciudad de México, y Tepic, Nayarit, para beneficio de un millón 947 mil 134 derechohabientes.
“El ISSSTE no solo impulsa un programa de mejora en infraestructura, sino que también mejora el proceso de otorgación de las 21 prestaciones, seguros y servicios”, aclaró el funcionario.

En este sentido, Reyes Baeza ejemplificó que en el tema preventivo, el nuevo modelo de atención del ISSSTE, en 2017, logró un promedio de atención de 23.6 días entre la consulta de primera vez y el inicio de tratamiento de Cáncer de Mama, lo que coloca al Instituto dentro de los estándares internacionales de inicio de tratamiento, el cual es de 71 días máximo, y gracias a la campaña “Febrero, mes de la salud del hombre” se lograron 471 mil acciones de salud preventiva a favor de este sector de la población.

De igual manera, en materia de créditos personales el ISSSTE otorgará en 2017 695 mil 097 préstamos por un monto de 28 mil millones de pesos, es decir, 10 mil millones de pesos más que en 2012. Al finalizar el año, se habrán otorgado 70 mil 366 créditos hipotecarios a través de FOVISSSTE, y se brindarán 4 mil 811 segundos créditos. Además, se ofrecieron 15 mil millones en créditos hipotecarios preferenciales para la reconstrucción de vivienda tras los sismo del 7 y 19 de septiembre.

Por otro lado, este año se puso en funcionamiento del Centro Nacional de Mando y Reacción (CENMAR) para la Seguridad de los Infantes en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI´s), en el cual se obtiene información en tiempo real a través de una plataforma tecnológica integral de videovigilancia en 123 estancias propias, que permite una respuesta inmediata ante los diferentes riesgos y/o emergencias que pudieran presentarse, lo que las en las más seguras de Latinoamérica.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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