El juez séptimo de distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en la Ciudad de México, dio sentencia condenatoria contra seis empleados de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por su responsabilidad en las agresiones sexuales de la que fueron víctimas varios menores de edad.
Las penas de prisión quedaron de la siguiente manera:
Saúl “N” se desempeñaba como conserje, 467 años y tres meses, así como multa por un millón 233 mil 953 pesos, destitución e inhabilitación por 202 años. La pena impuesta fue con base a las reglas de acumulación por su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada, pederastia y corrupción de menores.
María de la Luz “N”, directora del plantel, fue sentenciada a 88 años, siete meses y siete días, y multa por 260 mil 63 pesos, destitución e inhabilitación por 45 años. La pena impuesta fue en razón de la acumulación de sanciones por su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada, pederastia y encubrimiento por favorecimiento.
José “N”, quien se desempeñaba como auxiliar de la dirección 81 años nueve meses de prisión, así como multa de 328 mil 958 pesos, destitución e inhabilitación por 45 años, debido a la acumulación de sanciones.
Martha Leticia “N”, era asistente de servicio y mantenimiento en plantel, 36 años nueve meses y multa de 129 mil 288 pesos, destitución e inhabilitación por 22 años, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada agravada y pederastia.
En los casos de Sergio Osvaldo “N” y Daniel Aníbal “N”, ambos prestaban su servicio social en el plantel, fueron sentenciados a 68 años nueve meses, así como multa de 199 mil 673 pesos cada uno debido a la acumulación de sanciones por su responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada, pederastia y corrupción de menores.
De acuerdo con la indagatoria, los ahora sentenciados, se encontraban ejerciendo sus funciones dentro de un jardín de niños perteneciente a la SEP, ubicado en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México y, aprovechándose de la confianza y la relación con los menores, perpetraron actos sexuales en agravio de varios de ellos.
Derivado de la denuncia formulada por las madres de 25 niñas y niños, el Ministerio Público llevó a cabo la investigación y acreditó el cuerpo del delito, así como la responsabilidad de los servidores públicos, solicitando la orden de aprehensión, misma que fue librada por un juez de distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en la Ciudad de México, y cumplimentada por agentes de la Policía Federal Ministerial.
