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Confianza en la policía en México es la segunda peor de Latinoamérica

México es el segundo país de Latinoamérica donde la población se siente menos segura y desconfía más de la policía, solo por detrás de Venezuela. Los datos de la macroencuesta realizada por Gallup, una empresa estadounidense de datos y análisis, revelan que los ciudadanos mexicanos apenas han mejorado su percepción de la policía y la seguridad en el último año, pese a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador de sustituir a la Policía Federal con la Guardia Nacional, de carácter más militar que civil.

El estudio de Gallup establece un índice de percepción de la seguridad y el orden en diferentes continentes. Los encuestados en México, ante las preguntas de si confían en las fuerzas policiales, se sienten seguros por las calles o si han sido víctimas de robos o asaltos, han obtenido una puntuación total de 61 puntos, uno más que en 2018. México se sitúa como el noveno país con peor percepción de todos los encuestados por la empresa de datos. Le adelantan Afganistán (43), Gabón (52) o Liberia (54). Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ha obtenido la peor calificación de América Latina y la tercera a nivel global con 54 puntos.

Los resultados no han sorprendido a los expertos que apuntan a un problema institucional de base. Arturo Alvarado Mendoza, autor y doctor en Sociología del Colegio de México, asegura que la policía actual está al servicio del Gobierno y que debe «empezar a atender los problemas de los ciudadanos y mejorar la relación con la población” para cambiar su percepción. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estima que el 45,6% de los ciudadanos que estuvieron en contacto con la policía en lo que va de año ha sido víctima de un acto de corrupción por parte de las autoridades.

La encuesta se publica el mismo día en que la Guardia Nacional anunció que hay seis agentes detenidos por el asesinato de una mujer en una manifestación en Chihuahua. Este hecho se suma a la muerte a golpes de Giovanni López bajo custodia policial en Jalisco, sucedido hace unos meses. “No existe un mecanismo para proteger a la ciudadanía”, sentencia el sociólogo Arturo Alvarado. “AMLO no lo ha logrado todavía y se va a tardar mucho en conseguirlo. A nivel local se puede controlar con una intervención pero la policía debe saber que trabaja para el ciudadano, no para una institución”, señala y añade que con un modelo de policía comunitaria se resolverían muchos problemas.

Alvarado indica que el alto porcentaje de víctimas de delitos en México influye en la percepción de la policía, y el número sigue aumentando. En 2019, se produjeron 33 millones de delitos de orden común —aquellos que excluyen los relacionados narcotráfico, armas o migración irregular—, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad. “Si has sido víctima, tu percepción del problema se modifica” indica el sociólogo, quien cree que los alarmantes resultados de Gallup son más optimistas que otras encuestas más exhaustivas. “El trabajo preventivo y reactivo de jueces y de la administración no está funcionando”, lamenta y apunta a que los esfuerzos deben de centrarse en las autoridades locales. “Hay que fortalecer la policía local, ya que la mayoría de los delitos y regulación del orden está ahí, no en lo federal. Debe de haber un mecanismo federal de apoyo subsidiario y tiene que reformarse la idea de mando único”, apunta.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una organización de defensa de derechos, libertades y víctimas, apunta a la precariedad laboral de los agentes de la seguridad como principal causa de la corrupción en la institución. “La policía en México ha estado abandonada por muchos años. Eliminaron el cuerpo federal y lo cambiaron por la Guardia Nacional, que por mucho que en la Constitución ponga que es civil, es militar”, subraya. “Los tratan mal, les corrompen, les pagan la mitad del sueldo por nómina y otra por bonos”, enumera pero incide en que el salario promedio de un policía está en 11.000 pesos mensuales (522 dólares), y que puede bajar en algunos casos a 6.000 en función del Estado en el que opere.
Fuente: El País

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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