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Confirma SFP las irregularidades en la Conade

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmó un daño patrimonial superior a los 50 millones de pesos en agravio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo de Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Las prácticas indebidas —entre las que se encuentran facturas falsas— fueron detectadas al llevarse a cabo siete auditorías a la institución deportiva y en las cuales se emitieron 22 observaciones, quedando pendientes de solventar seis.

En el caso de las facturas falsas, Sandoval detalló que se relacionan con el pago de viajes a terceros, en los que incluso se triplicaron los costos, generando una afectación patrimonial de 31 millones de pesos.

Al detallar algunas de las observaciones arrojadas en las auditorías, la secretaria de la Función Pública refirió que, por ejemplo, ocho de los 12 miembros de la Comisión Deportiva —órgano que toma las decisiones para decidir qué atletas representan a nuestro país en competencias internacionales— no cumplían con el perfil requerido.

A la fecha, dijo, esta situación se ha corregido y los 12 integrantes de dicha comisión ya cumplen con ese requisito.

Se detectó que 21 entrenadores de alto rendimiento tampoco cubrían el perfil y experiencia demandado por la ley dentro de sus especialidades.

Tenemos el caso de un administrador de empresas que no tenía ninguna experiencia previa en la enseñanza de un deporte en específico de alto rendimiento y que fue dado de alta para coordinar un grupo interdisciplinario de deportistas, es decir que quienes tenían la obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte no estaban a la altura de su cargo”, señaló la secretaria al detallar que esto generó un daño patrimonial por casi siete millones de pesos.

Otra irregularidad detectada consistió en que entrenadores y prestadores de servicios echaron mano de servicios exclusivos para atletas y que fue reconocido por la Conade y aun cuando cubrieron el 90 por ciento del daño patrimonial, los servidores públicos de la Conade no serán eximidos de la mala práctica. También dijo que hubo conductas indebidas durante la organización de eventos que se llevaron a cabo en las federaciones deportivas nacionales y en los apoyos a los deportistas que acudían a justas internacionales.

Algunos viajes que se contrataron por medio de intermediarios y, lamentablemente, la tercerización de estos viajes que elevaba el precio para asistir a las competencias nacionales, algunas internacionales y se descubrió que muchas veces para justificar estos elevados gastos, costos, hasta triplicaban el valor real de estos viajes, se presentaron facturas falsas, es grave por la inmoralidad y el posible daño patrimonial es de casi 31 millones de pesos”, apuntó la secretaria de la Función Pública.

Precisó que en este caso el daño al erario fue de 31 millones y se continúan las investigaciones gracias a la actuación de los fiscalizadores. En el caso del pago indebido a entrenadores, el daño podría alcanzar los 71 mil pesos y el hecho fue reconocido por la Conade.

Ahí es un poco más de 71 mil pesos, fueron asignados o pagados de forma indebida y la Conade abiertamente acepta que fueron pagos indebidos porque ya fueron reintegrados en su totalidad, pero eso no quita que se merezca una valoración para la asignación de la responsabilidad” de los servidores públicos que autorizaron los abusos en los recursos e incumplimiento de las reglas.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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