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Confirma Tribunal Electoral que AMLO no debe de promover la Revocación de Mandato

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, este martes 15 de febrero, que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe de abstenerse de hacer cualquier tipo de promoción al proceso de la Revocación de Mandato.

Esto en conformidad con el acuerdo ACQyD-INE-13/2022 en el que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente el dictado de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva.

Dicho acuerdo se emitió derivado de una queja promovida por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en donde se denunció que el jefe del ejecutivo federal violó el proceso de promoción del proceso consultivo. La queja fue presentada el 4 de febrero y las declaraciones de AMLO a las que se hace referencia fueron del 2 de ese mismo mes.

El PRD, bajo la figura de tutela preventiva, solicitó que se conminara al Presidente de la República para que se apegue a las limitaciones constitucionales a las que está sujeto y no promocione el ejercicio de Revocación de Mandato en cualquiera de sus presentaciones públicas. El INE determinó procedente la medida cautelar solicitada.

En consecuencia, el mandatario, el Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia de la República, el Vocero del Gobierno de la Federal, el Director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpusieron recursos de revisión del procedimiento especial sancionador para revisar el acuerdo del INE, por lo que el expediente llegó a la máxima autoridad electoral mexicana.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado del TEPJF, fue el encargado de promover el proyecto de resolución y advirtió una conducta reiterada y sistemática por parte del titular del ejecutivo, consistente en utilizar las conferencias matutinas para difundir propaganda gubernamental, lo que constituye un elemento objetivo y razonable para estimar el temor fundado y el riesgo inminente de que se repitiera la conducta sancionada a lo largo del periodo restringido constitucionalmente.

Finalmente, la Sala Superior votó en favor del dictamen y confirmó que, bajo la figura de tutela preventiva, se conminara al presidente López Obrador a apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de propaganda gubernamental, a fin de que se abstenga de promocionar el ejercicio de Revocación de Mandato en cualquiera de sus apariciones públicas.

Bajo esta óptica, cabe recordar que el INE es el único organismo constitucional facultado para hacer promoción del proceso consultivo ciudadano, pues la intervención de cualquier otro factor podría incidir de manera parcial en la determinación de la ciudadanía, lo cual viciaría el proceso.

Asimismo, se destaca que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ha declarado en reiteradas ocasiones que la Revocación de Mandato sí se va a realizar, aunque no promete que ésta tenga altos estándares de calidad, pues el presupuesto asignado no se lo permite.

Y es que este año también se definen seis gubernaturas, por lo que el INE priorizará sus recursos en la realización de las elecciones locales en los estados de Hidalgo, Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Además, Córdova Vianello había solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos que consideró necesarios para realizar la consulta de manera óptima; no obstante, la petición fue declinada.

Por lo cual, el presidente del INE adelantó que buscará no realizar gastos innecesarios, por lo que hará que el instituto trabaje sin violar los derechos laborales de sus colaboradores y sin realizar actividades no prioritarias.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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