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Confiscan extensiones de pelo humano elaboradas presuntamente en campos de internamiento en China

La Agencia de Protección de Aduanas de Estados Unidos (CBP) anunció este miércoles la confiscación en Nueva York de un envío de extensiones de pelo humano procedente de China por la posibilidad de haberse originado con mano de obra forzada en los centros de internamiento de la provincia de Xinjiang, en el noroeste del país. La confiscación se produjo el pasado 17 de junio “en base a información razonable que indicaba que habían sido productos fabricados por trabajadores en prisión”, indicó a Efe Anthony Bucci, portavoz de Aduanas.

Los productos de belleza tenían un valor de unos 800.000 dólares y existen “potenciales indicadores de abuso de derechos humanos, trabajo forzado de menores y privación de libertad” en la provincia china de Xinjiang, con mayoría de religión musulmana y perteneciente a la etnia uigur. La represión contra esta etnia, de 11 millones de personas, por parte del Gobierno de Pekin ha aumentado en los últimos años hasta convertirse en un sofisticado sistema de control civil. Según reveló en 2019 una serie de investigaciones periodísticas en la que participaron más de una docena de medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, los uigures son a día de hoy vigilados, perseguidos y detenidos sin respetar las mínimas garantías judiciales.

El pedido constaba de casi 13 toneladas de productos de pelo humano, fabricado por la empresa Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd., con sede en un parque industrial de la ciudad de Hotan y denunciada en el pasado por usar mano de obra encarcelada en centros de reeducación del Gobierno chino. Los datos aduaneros esta empresa, con sede en Xinjiang, muestran una estrecha relación comercial de sus productos del cabello con una empresa de distribución con sede en California.

Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses confiscan productos de belleza por su vinculación con los llamados “campos de internamiento” en Xinjiang. En mayo, el CBP anunció la incautación de todos los envíos procedentes de la empresa Hetian Haolin Hair Accessories, que distribuía pelo sintético y otros productos similares a distribuidores en los Estados de Georgia y Texas.

“Es absolutamente esencial que los importadores estadounidense se aseguren que la cadena de distribución satisface los estándares humanos y éticos que esperan el Gobierno y los consumidores”, indicó este miércoles en un comunicado Brenda Smith, comisaria de la Oficina de Comercio de la CBP. “La producción de estos bienes supone una muy seria violación de los derechos humanos y la confiscación quiere enviar un mensaje muy claro de que no se tolerarán aquellos que hacen negocios con prácticas inhumanas e ilícitas”, añadió el oficial.

La ley federal estadounidense prohíbe importar productos fabricados con mano de obra forzada. Esta misma semana el Worker Rights Consortium, una organización que monitorea práctica laborales, denunció que la empresa estadounidense Caterpillar estaba importando ropa fabricada por empresas chinas vinculadas al programa “Xinjiang Aid”, denunciado por servir de paraguas para explotar mano de obra forzada en campos de adoctrinamiento en la región autónoma de Xinjiang.

El Departamento de Estado, junto con el del Tesoro y de Comercio, publicaron este miércoles un aviso a empresas estadounidenses que tengan vínculos con contrapartes que violen los derechos humanos en Xinjiang, como parte de una estrategia para aumentar la presión contra China por sus abusos contra los musulmanes de etnia uigur.

Fuente: El País

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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