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Congresista de EU pide que se niegue venta de refinería «Deer Park» a Pemex por riesgo de accidente

El congresista estadounidense Brian Babin pidió al Departamento del Tesoro y a la Secretaría de Energía de su país que nieguen la venta de la refinería Deer Park, en Texas, a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que ésta “no tiene el talento ejecutivo, gerencial o técnico” para operar la instalación de forma segura.

Mediante una carta enviada a las secretarias del Tesoro, Janet Yellen, y de Energía, Jennifer Granholm, aseguró que la propuesta de venta a la paraestatal mexicana “aumenta enormemente los riesgos de un accidente industrial, una seria degradación ambiental local y daños a la economía local debido a una mala gestión empresarial”.

“Desafortunadamente, Pemex tiene un historial problemático cuando trata con empresas estadounidenses y tiene un historial de dar marcha atrás en contratos, solicitar sobornos y jugar sucio en disputas corporativas”, mencionó.

En la carta, fechada el pasado 21 de junio, el legislador republicano expresó su preocupación por la venta de la planta refinación a Pemex, por parte de la petrolera Shell. Instó al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) “a iniciar una revisión de seguridad completa, incluida la posible denegación de esta propuesta de venta”.

Recordó que en 2018 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Modernización de Revisión de Riesgos de Inversión Extranjera para dar respuesta a los riesgos de seguridad emergentes asociados a empresas estatales extranjeras que “ganan influencia y control sobre entidades de sectores estratégicos” en el país.

Estos sectores, considerados de alto riesgo, “no solo incluyen la defensa, las telecomunicaciones y las tecnologías nuevas y emergentes, sino también la energía”, apuntó.

“Veo esta transacción propuesta como un serio riesgo ambiental, de salud y de seguridad económica para los ciudadanos de Texas, en particular para los residentes que viven cerca de las instalaciones en Deer Park”, continúa la carta.

“Ninguna de las refinerías de Pemex en México se puede comparar con las instalaciones de última generación en Deer Park, y es dudoso que Pemex pueda recurrir a los profesionales experimentados en operaciones, cumplimiento y mantenimiento necesarios para administrar de manera segura una refinería integrada en Estados Unidos. Esto aumenta significativamente los riesgos de un accidente industrial, una seria degradación ambiental local y dificultades económicas locales debido a la mala gestión empresarial”, enfatiza el republicano.

Agregó que Pemex tiene un pésimo historial con empresas estadounidenses y mexicanas, como el incumplimiento en 2017 de un contrato de 230 millones de dólares con la firma de Texas, Loadmaster Universal Rigs. Incluso, se negó a participar en un arbitraje de buena fe “poniendo en peligro los medios de vida de más de 2 mil estadounidenses y perjudicando a varias docenas de firmas estadounidenses”.

“Cargada con miles de millones de dólares de deuda, Pemex ha mostrado durante mucho tiempo un patrón de perfidia en las negociaciones contractuales, corrupción generalizada, incluido el soborno, y tácticas descritas por sus otras víctimas como ‘terrorismo financiero”.

Por lo tanto, considera que la venta de la refinería supone un “riesgo tangible para la salud pública y el medio ambiente para los residentes de Texas que trabajan y viven cerca de las instalaciones de Deer Park, así como un riesgo económico para aquellos que tienen interés en el bienestar financiero de la empresa”.

Brian Babin mencionó que las empresas del sector energético estadounidense deben adherirse a las regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad y el uso adecuado de las instalaciones ubicadas en su país: “Y no estoy seguro de que Pemex tenga los medios corporativos para operar una instalación de este tipo en los Estados Unidos”.

“Hasta que Pemex demuestre el nivel de conocimiento técnico y entusiasmo por las buenas prácticas comerciales requeridas para operar esta inversión masiva en suelo estadounidense, les insto respetuosamente a que nieguen la venta de la participación de Shell en la Sociedad Limitada de Refinación Deer Park a Pemex y protejan a los ciudadanos estadounidenses que ustedes sirven”, finaliza.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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