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Congresista de EU pide que se niegue venta de refinería «Deer Park» a Pemex por riesgo de accidente

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El congresista estadounidense Brian Babin pidió al Departamento del Tesoro y a la Secretaría de Energía de su país que nieguen la venta de la refinería Deer Park, en Texas, a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que ésta “no tiene el talento ejecutivo, gerencial o técnico” para operar la instalación de forma segura.

Mediante una carta enviada a las secretarias del Tesoro, Janet Yellen, y de Energía, Jennifer Granholm, aseguró que la propuesta de venta a la paraestatal mexicana “aumenta enormemente los riesgos de un accidente industrial, una seria degradación ambiental local y daños a la economía local debido a una mala gestión empresarial”.

“Desafortunadamente, Pemex tiene un historial problemático cuando trata con empresas estadounidenses y tiene un historial de dar marcha atrás en contratos, solicitar sobornos y jugar sucio en disputas corporativas”, mencionó.

En la carta, fechada el pasado 21 de junio, el legislador republicano expresó su preocupación por la venta de la planta refinación a Pemex, por parte de la petrolera Shell. Instó al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) “a iniciar una revisión de seguridad completa, incluida la posible denegación de esta propuesta de venta”.

Recordó que en 2018 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Modernización de Revisión de Riesgos de Inversión Extranjera para dar respuesta a los riesgos de seguridad emergentes asociados a empresas estatales extranjeras que “ganan influencia y control sobre entidades de sectores estratégicos” en el país.

Estos sectores, considerados de alto riesgo, “no solo incluyen la defensa, las telecomunicaciones y las tecnologías nuevas y emergentes, sino también la energía”, apuntó.

“Veo esta transacción propuesta como un serio riesgo ambiental, de salud y de seguridad económica para los ciudadanos de Texas, en particular para los residentes que viven cerca de las instalaciones en Deer Park”, continúa la carta.

“Ninguna de las refinerías de Pemex en México se puede comparar con las instalaciones de última generación en Deer Park, y es dudoso que Pemex pueda recurrir a los profesionales experimentados en operaciones, cumplimiento y mantenimiento necesarios para administrar de manera segura una refinería integrada en Estados Unidos. Esto aumenta significativamente los riesgos de un accidente industrial, una seria degradación ambiental local y dificultades económicas locales debido a la mala gestión empresarial”, enfatiza el republicano.

Agregó que Pemex tiene un pésimo historial con empresas estadounidenses y mexicanas, como el incumplimiento en 2017 de un contrato de 230 millones de dólares con la firma de Texas, Loadmaster Universal Rigs. Incluso, se negó a participar en un arbitraje de buena fe “poniendo en peligro los medios de vida de más de 2 mil estadounidenses y perjudicando a varias docenas de firmas estadounidenses”.

“Cargada con miles de millones de dólares de deuda, Pemex ha mostrado durante mucho tiempo un patrón de perfidia en las negociaciones contractuales, corrupción generalizada, incluido el soborno, y tácticas descritas por sus otras víctimas como ‘terrorismo financiero”.

Por lo tanto, considera que la venta de la refinería supone un “riesgo tangible para la salud pública y el medio ambiente para los residentes de Texas que trabajan y viven cerca de las instalaciones de Deer Park, así como un riesgo económico para aquellos que tienen interés en el bienestar financiero de la empresa”.

Brian Babin mencionó que las empresas del sector energético estadounidense deben adherirse a las regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad y el uso adecuado de las instalaciones ubicadas en su país: “Y no estoy seguro de que Pemex tenga los medios corporativos para operar una instalación de este tipo en los Estados Unidos”.

“Hasta que Pemex demuestre el nivel de conocimiento técnico y entusiasmo por las buenas prácticas comerciales requeridas para operar esta inversión masiva en suelo estadounidense, les insto respetuosamente a que nieguen la venta de la participación de Shell en la Sociedad Limitada de Refinación Deer Park a Pemex y protejan a los ciudadanos estadounidenses que ustedes sirven”, finaliza.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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