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Congresistas de Estados Unidos urgen a FGR a investigar a fondo a Cienfuegos por narcotráfico

A través de una carta dirigida al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, congresistas de Estados Unidos aseguraron que respaldan a los mexicanos que esperan justicia en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, sobre quien pesan acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

El documento, que fue difundido por el congresista Albio Sires, a través de su cuenta de Twitter, exhorta al fiscal mexicano a realizar una investigación completa en el caso de tráfico de drogas contra Cienfuegos Zepeda.

La carta inicia “Estimado Fiscal Gertz. Como partidarios constantes de los esfuerzos de México para fortalecer el Estado y la ley y el combate a la corrupción, le escribimos para expresar nuestro fuerte interés en que la justicia prevalezca en el caso de tráfico de drogas en contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda”.

En un segundo párrafo, los legisladores estadounidenses señalan que el General mexicano fue arrestado el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por las acusaciones realizadas por la Fiscalía de aquel país, de que Cienfuegos Zepeda estaba relacionado con el Cártel H-2 en el periodo de diciembre de 2015 a febrero de 2017, cuando él era secretario de la Defensa Nacional, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Asegura que “según documentos judiciales, durante ese tiempo, el General Cienfuegos presuntamente facilitó el tráfico de ‘miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, dentro de los Estados Unidos’ a cambio de sobornos. Los fiscales alegan que el General aceptó sobornos para proteger al cártel y a su líder e incluso les informó de las próximas acciones militares contra ellos”, señala la misiva.

Los congresistas estadounidenses destacaron que “el Congreso de Estados Unidos tiene un interés bipartidista en apoyar los esfuerzos de México para fortalecer sus instituciones democráticas, combatir la corrupción, mejorar la seguridad pública y proteger los derechos humanos”. Y resaltaron que desde 2008, estos apoyos han incluido más de 3 mil millones de dólares en asistencia directa, los cuales, dijeron “han ayudado a permitir el progreso para detener el flujo de drogas y dinero a través de nuestra frontera, profesionalizado a la policía, ayudando a México a fortalecer su sistema de justicia y aumentando la protección a los derechos humanos”.

En la carta de dos páginas, los legisladores de la Unión Americana continuaron: “También reconocemos que quedan serios desafíos. Las tasas de violencia en México han alcanzado niveles históricamente altos en los últimos dos años, además de los delitos que no son denunciados o investigados y se estima que la corrupción cuesta a México el 5% de su Producto Interno Bruto”.

Así mismo reconocieron que “los intereses de Estados Unidos y México están indisolublemente vinculados y que los acontecimientos en México tienen impactos directos de seguridad en ambos lados de la frontera”.

Además, destacaron que en el marco del arresto del General Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador “aceptó que el principal problema es la corrupción” al tiempo que ha afirmado que en su administración » no se protegerá a nadie”, resalta la misiva.

Destacaron que en caso de que el General Cienfuegos sea encontrado culpable por la justicia mexicana de algún delito, incluidas las graves acusaciones que se le realizaron por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “deberá ser procesado íntegramente de conformidad con las leyes mexicanas”. Es por eso que, además, le solicitaron trabajar con las instituciones policiales pertinentes para garantizar la seguridad del General a través de los procedimientos penales.

Finalmente, dijeron apoyar “al pueblo mexicano que espera que sus instituciones gubernamentales hagan justicia. Y seguimos comprometidos a trabajar con el gobierno mexicano para fortalecer la cooperación México-Estados Unidos y asegurar un progreso sostenido en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, concluye el documento firmado por el congresista Albio Sires, presidente de la subcomisión del Hemisferio Occidental y por Vicente González, ,miembro del Congreso estadounidense.

Fuente; Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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