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México

Congreso de Chihuahua se posiciona en segundo lugar a nivel nacional en materia de transparencia

Con una calificación de 83.4 el H. Congreso del Estado de Chihuahua se ubicó en el segundo lugar en el ranking nacional de los 32 congresos locales, según la evaluación realizada en el 2020 por la herramienta CIMTRA- Legislativo, a través del organismo Ciudadanos en Participación Activa CEPAC.

La herramienta CIMTRA-Legislativo, mide la transparencia proactiva de los Congresos estatales, es decir, la información pública que las legislaturas locales ponen de manera accesible y actualizada a toda persona; aquella que tiene que ver con la estructura del Congreso local, su desempeño legislativo, la documentación legislativa, los gastos derivados de su operación, la administración y control interno en el Congreso, su vinculación con la ciudadanía y lo relativo al acceso a la información pública.

Por su parte, Ciudadanos en Participación Activa CEPAC, es un órgano multidisciplinario en el cual se conjugan diversas instituciones y organismos del sector empresarial, educativo y asociaciones civiles, donde participan: Coparmex, ToastMaster, Canagraf, Cbetis y Cetis del Estado, CELIDERH, entre otros.

Al realizar la evaluación del 2020, el Congreso del Estado aún no contaba con un Órgano Interno de Control, por lo que en el “Bloque de Control Interno” el resultado fue el más bajo; sin embargo desde febrero de 2021, el Congreso ya cuenta con el OIC por lo que en el presente año podrá atender información relativa a la actividad de la contraloría Interna en materia disciplinaria; información sobre las auditorias llevadas a cabo por el órgano de control; sobre resultados y seguimiento de las medidas preventivas y/o correctivas que promueve; acerca del ejercicio y aplicación del gasto de diputadas y diputados, órganos y dependencias.

La Diputada Blanca Gámez Gutiérrez mencionó que “para la evaluación de este año aumentaremos la calificación, ya que esta legislatura se ha caracterizado por la efectividad en el ejercicio de la transparencia gracias a las herramientas implementadas por el personal del congreso para que la ciudadanía cuente con información clara, accesible y veraz”

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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