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México

Congreso de Oaxaca determinó que los certámenes de belleza son un tipo de violencia simbólica

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De nueva cuenta, el Congreso local del estado de Oaxaca causó revuelo en redes sociales tras aprobar que los certámenes de belleza y concursos que promuevan estereotipos sexistas o discriminen las características físicas, sean considerados violencia simbólica.

Así lo dio a conocer el órgano legislativo en redes sociales. De tal manera, que se adicionó el artículo 18 Bis de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Para reforzar la determinación, se prohibió el uso de recursos públicos en este tipo de actos donde se evalúen las características físicas de niñas, adolescentes y mujeres.

Aunado a esto, la reforma impide que las instituciones gubernamentales consideren estos eventos como campañas de promoción turística o publicidad oficial.

Dicha prohibición aplica para municipios, dependencias estatales así como órganos autónomos, quienes no podrán destinar publicidad oficial o subsidios para la promoción de estas actividades.

Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, la encargada de impulsar dicha iniciativa (Foto: Twitter@CongresoOaxLXIV)Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, la encargada de impulsar dicha iniciativa (Foto: Twitter@CongresoOaxLXIV)

Fue la diputada Magaly López Domínguez, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la encargada de impulsar esta iniciativa, misma que fue dictaminada por la Comisión Permanente de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura de Oaxaca.

Y es que, el Congreso en turno se ha caracterizado por promover leyes que benefician a minorías y a grupos en riesgo, tal es el caso de lo sucedido el pasado mes de agosto, cuando la entidad federativa se convirtió en la primera a nivel nacional en la que las niñas, niños y adolescentes pueden acceder al trámite administrativo para el reconocimiento de su identidad de género. Si bien ya había otros siete estados en el país que permitían realizar el cambio, Oaxaca se convirtió en el primero en abrir el procedimiento a menores.

La iniciativa fue presentada por la diputada por Santa Cruz Xoxocotlán, Magali López, de Morena, quien actualmente preside la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Además, la legisladora también impulsó la ley que prohíbe la venta de alimentos y bebidas de alto contenido calórico a menores de edad, así como la legalización del matrimonio igualitario.

Por otra parte, en 2019, el estado se convirtió en la segunda entidad, después de la Ciudad de México, en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Con esta modificación, el poder legislativo local busca iniciar un cambio importante para el acceso a la salud reproductiva y las mujeres en la región.

En 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación (Foto: Reuters / Edgard Garrido/File Photo)En 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación (Foto: Reuters / Edgard Garrido/File Photo)

De acuerdo con datos de organizaciones dedicadas al tema, antes de dicha reforma, hasta un 80% de las muertes de mujeres en Oaxaca pudieron haber sido evitadas.

Algo parecido sucedió recientemente en Hidalgo, en donde después de un primer intento, el Congreso local aprobó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con 16 votos a favor, una abstención y ocho votos en contra, dicho órgano dio luz verde a las modificaciones al Código Penal del estado y la Ley de Salud.

La iniciativa en cuestión fue propuesta por la diputada del partido guinda, Roxana Montealegre. Se trata de la segunda vez que la propuesta llega a los legisladores de Hidalgo. La primera fue rechazada ya en el Pleno durante el 2019 con 15 votos en contra, 10 a favor y 5 abstenciones.

Cabe señalar que la oposición no votó la iniciativa, mientras que quienes emitieron su voto a favor fueron 16 diputados del grupo parlamentario de Morena.

La reforma también contempla una modificación a la Ley de Salud, con la que busca que instituciones públicas, privadas y sociales públicas deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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