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México

Conoce que compañías telefónicas disminuyeron vigencia en recargas

Los días de vigencia de las recargas de telefonía celular disminuyeron este año en comparación con los del 2019, esto en los montos de recarga en prepago de 500 pesos y 300 pesos, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

De acuerdo con el Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 2019-2020 del IFT, para las recargas de 300 pesos las comañias Movistar y Telcel redujeron sus días de vigencia. Movistar pasó de 33 a 30 días, mientras que Telcel pasó de 35 a 30 días.

Mientras que en la recarga de 500 pesos, Telcel redujo sus días de vigencia, pasando de 33 días en 2019 a 30 días en 2020.

El instituto asegura que la recarga de 200 pesos no mostró cambios, AT&T, Movistar y Telcel mantuvieron en 30 días su vigencia.Por otra parte, Unefon incrementó los días de vigencia, pasando de 35 días en 2019 a 42 días en 2020.

En las recargas de 50 pesos, Movistar y Telcel se mantienen en siete días de vigencia y AT&T mantuvo cinco días de vigencia. En el caso de Unefon ese incrementó los días de vigencia, pasando de siete días en 2019 a 10 días en 2020.

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Respecto a la compra de tiempo aire por un monto de 80 pesos Telcel conservó en 13 los días de vigencia para ambos años.

Para la recarga de 100 pesos Movistar y Telcel siguen en 15 días de vigencia, mientras que AT&T conserva 14 días de vigencia. Por su parte, Unefon incrementó los días de vigencia, pasando de 17 días en 2019 a 21 días en 2020.

En el abono de 150 pesos, Movistar y Unefon mantuvieron en 28 días su vigencia, mientras que Telcel permaneció en 26 días y AT&T en 24 días.

Las recargas de entre 10 pesos y 30 pesos no vieron modificaciones, menciona el reporte.

Fuente: El Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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