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México

Por consenso se suscribe nueva distritación federal en Chihuahua

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los representantes de los partidos políticos que integran la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores (RFE) suscribieron, en consenso, un escenario para la Distritación Electoral Federal en el estado de Chihuahua.
Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, indicó que los institutos políticos convinieron equilibrar el número de electores y modificar los límites geográficos de los nueve Distritos Electorales Federales, en la reunión sostenida para revisar de las propuestas de distritación para la entidad, ayer lunes, en la Ciudad de México.
Refirió que todos los partidos, de común acuerdo, construyeron el consenso, y suscribieron un documento con la propuesta que en la segunda quincena del mes de febrero verificará la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores y, en marzo próximo se someterá a la aprobación del Consejo General del INE.
La propuesta original del INE intercambiaba municipios en los Distritos que tienen actual cabecera en Delicias y en Parral, sin embargo, con el consenso logrado se quedan prácticamente como ahora están; se modificó el trazado propuesto por la autoridad electoral para la conformación de los distritos electorales en el municipio de Chihuahua.
Para el caso de los cuatro distritos de Juárez, los partidos ratificaron la propuesta del INE. Asimismo, se incluyeron en un distrito electoral los pueblos y comunidades indígenas, con el propósito de fomentar su participación política.
Es preciso agregar que en la propuesta de consenso, los partidos políticos tuvieron que observar las reglas establecidas por la autoridad electoral. Entre ellas, el equilibrio poblacional, la continuidad municipal, la regularidad geométrica o compacidad del territorio distrital; criterios aprobados para el proceso de Distritación Electoral Federal.
Añadió que la nueva Distritación se logró después de varias reuniones de trabajo sostenidas en los últimos meses por la Comisión Local de Vigilancia, propiciándose la exposición y debate de las propuestas hasta alcanzar el acuerdo requerido para la adecuación del mapa electoral que estará vigente para la elección de Senadores, Diputados Federales y Presidente de la República, en julio de 2018.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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