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Considera EU a Juárez como la ciudad más peligrosa del mundo

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Estados Unidos consideró que Ciudad Juárez sigue siendo «la ciudad más peligrosa» de México, del Hemisferio y posiblemente del mundo entero.

Al ofrecer una valoración de la situación de la violencia en México, el Subsecretario de Estado para el narcotráfico internacional, William Brownfield, consideró que los carteles de la droga se siguen disputando el control de esa entidad para mover su mercancía rumbo a Estados Unidos.

«Ciudad Juárez es la ciudad más peligrosa de México y de todo el Hemisferio, sino del mundo entero», insistió Brownfield al caracterizar la batalla que se libra ahí como de «largo plazo» para recuperar el control de una ciudad que hoy disputan palmo a palmo los elementos de la policía federal al crimen organizado.

Apenas el pasado 18 de febrero, el presidente de México, Felipe Calderón, aseguró que número de homicidios en Ciudad Juárez se ha reducido en un 57 por ciento desde la puesta en marcha hace dos años de la estrategia de seguridad «Todos Somos Juárez».

«Si se toman exactamente los dos años de la estrategia ‘Todos Somos Juárez’ hasta enero de este año, los homicidios en Juárez se han reducido 57 por ciento», aseguró Calderón durante la inauguración de la Primera Feria del Empleo 2012 en esa ciudad.

La violencia en Ciudad Juárez fue uno de los temas de análisis y discusión durante la audiencia que presidió el republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, en el subcomité de adjudicaciones de la cámara baja.

Durante su intervención, el legislador demócrata, Adam Schiff, inquirió a Brownfield sobre el asesinato de cinco policías la noche del pasado miércoles, después de que las autoridades federales habían decidido la concentración de más de 2,500 efectivos en varios hoteles para asegurar su protección ante los continuos ataques y amenazas del crimen organizado:

«A la luz de lo que ha ocurrido (con el asesinato de esos cinco policías), cómo espera que seamos optimistas con lo que está ocurriendo en México», le interpeló Schiff.

En su turno de respuesta, Brownfield reconoció que éste tipo de incidentes «revelan la naturaleza y la gravedad del problema» que Estados Unidos se ha comprometido a combatir al lado de México y consideró que, desafortunadamente, en Ciudad Juárez «la intimidación sigue siendo gran parte del problema».

Además, el subsecretario de Estado reconoció que la infiltración de las policías estatales y municipales en México, por parte del crimen organizado, sigue siendo «un serio problema». De ahí, justificó, el despliegue de la policía federal y de elementos de la marina y el ejército que forman parte de una solución «temporal» en algunos estados fronterizos con mayor índice de violencia.

Brownfield, un entusiasta defensor de la colaboración entre México y Colombia, aseguró que al final el gobierno mexicano tendrá que decidir el modelo que seguir para resolver sus problemas.

«¿Apostarán por el modelo colombiano que invierte mucho en cuestiones de seguridad?. ¿O diseñaran un modelo de comunidades separadas con entrenamiento específico para policías, fiscales y jueces que puedan garantizar la protección de esas comunidades?», resumió el funcionario.

En medio de una situación, que sigue siendo extremadamente preocupante en ciudades como Juárez, Brownfield se declaró sin embargo optimista a la luz de lo que se ha conseguido hasta ahora –obligando, entre otras cosas, a retirarse a los carteles a otras regiones como a Centroamérica–, para pensar que las cosas serán mejores en el largo plazo:

«No tenemos que alcanzar el paraíso para alcanzar el éxito. Lo único que tenemos que hacer es encarecer entre un 5% y un 10% el negocio (del narcotráfico). Cuando logremos eso, las leyes económicas entrarán en juego y los narcos tendrán que irse a otra parte», aventuró.

Con información de El Universal

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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