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Opinión

Construyendo nuestra destrucción. Por Itali Heide

Cada par de meses, el mundo se pone en marcha cuando se hace viral una campaña que muestra la realidad del mundo, desde el maltrato animal, la explotación laboral o las consecuencias del cambio climático. Aunque compartir, publicar y hablar de estas campañas y los temas que abordan es vital, con demasiada frecuencia se olvidan tras la novedad y la moda de ser socialmente responsable.

Esta es la cuestión: salvar el mundo no un tren al que subirse, no es un trending topic en Twitter, no se logra mediante un millón de publicaciones en Instagram y mucho menos es un estatus social que alcanzar. En todo caso, la mentalidad establecida en torno a la responsabilidad social y ecológica tiene más que ver con cómo queremos ser percibidos, y menos con si realmente entendemos la responsabilidad de ser participantes activos en la salvación del planeta.

No hay manera de evitarlo. En cuestión de un par de siglos, la industrialización, la explotación y el consumismo de los humanos nos han llevado a un punto de no retorno. Estamos destruyendo de forma activa e implacable un planeta de miles de millones de años, cuyo único error fue permitir que la humanidad se creyera más grande que la fuerza total de la naturaleza, que puede acabar con nosotros con mucha más facilidad de la que nos permitió existir.

Somos tan malos para salvar el mundo, que incluso muchos de nuestros esfuerzos por tomar decisiones responsables son sólo un espejismo. Si un extraterrestre nos estuviera observando desde el espacio, investigando a profundidad nuestra forma de existir, pareciera que sólo hay una cosa en el mundo por la que merece la pena luchar: el dinero. Las empresas venden productos <ecológicos>, mientras que la producción real de los mismos es todo lo contrario. Este greenwashing nos da una sensación de falsa seguridad, haciéndonos creer que hacemos del mundo un lugar mejor comprando cualquier cosa con una etiqueta que promete ser la mejor opción para el cambio climático y las cuestiones sociales.

Aunque sea una verdad difícil de digerir, la mejor manera de comprar de forma consciente es no comprar. No hay oferta sin demanda, y en un mundo que exige el culto absoluto al consumismo de miles de millones de personas en un planeta superpoblado, contaminado y moribundo, la felicidad se ha convertido en sinónimo del materialismo. Por supuesto, es mucho más fácil decir que seamos consumidores conscientes que serlos. Comprar a nivel local, reducir la ingesta de productos animales, cultivar nuestros propios alimentos y encontrar marcas ecológicas verdaderamente fiables no sólo es difícil de hacer, sino también caro.

Para no hacerles el cuento largo: las empresas nos gobiernan hasta el punto de que es imposible consumir de forma 100% ética. La mayoría de la gente no cuenta con los recursos o la accesibilidad a la sostenibilidad total o incluso parcial, y las corporaciones no serían empresas multimillonarias si tuvieran que sacrificar capital para garantizar que toda la producción se realizara con métodos sostenibles, pagando salarios dignos a los empleados, fomentando a que la gente consuma menos sus productos, crear menos residuos que contaminan nuestros océanos, nuestra tierra y nuestro aire, o incluso simplemente aceptar su papel inherente como la mayor amenaza para el planeta y la existencia continuada de la humanidad. Simple y sencillamente, a las corporaciones no les importa ni media mierda el futuro del planeta, mientras que el dinero perdure.

Nuestro futuro debe volver a estar en nuestras manos, de lo contrario no tendremos más remedio que ver cómo nuestra existencia se desvanece, dejando a las próximas generaciones sin poder remediar el daño que se ha hecho. ¿Cómo vamos a hacerlo? No estoy segura, y creo que nadie sabe realmente lo que nos espera en el futuro. Una cosa que todos podemos hacer, es algo. Algo, por pequeño que sea, siempre es mejor que nada. El futuro puede parecer sombrío, pero la chispa para crear un cambio es palpable cuando las redes sociales se consumen con campañas que nos ruegan cambio. Ahora, nuestro trabajo es asimilar y aceptar la realidad fuera de la pantalla: debemos cambiar, todos y cada uno de nosotros. Sí, cada uno de nosotros, de la manera que sea, debe luchar contra la norma del consumismo. Hablamos mucho de lo que nos espera en el futuro, pero ¿qué se puede esperar del futuro si no hay futuro?

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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