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México

Contabilizan 19 mil adolescentes divorciados en el país

 

En el país existen más de 19 mil niños y adolescentes, entre 12 y 17 años, divorciados o separados, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) con datos obtenidos mediante Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

La información revela que en el Estado de México se presenta el mayor número de adolescentes y niños divorciados al concentrar 12.4 por ciento del total de la población de menores de edad separados en el país.

Otros estados con altos índices de divorcios juveniles son: Veracruz, con 7.5 por ciento; Chiapas, con 7.3 por ciento y Puebla, con 6.1 por ciento. Las entidades que tienen los índices más bajos de casos son Baja California Sur, Colima y Tlaxcala.

De acuerdo con estimaciones de la Redim, en nuestro país uno de cada 20 adolescentes tiene una responsabilidad conyugal. Mientras que otros mil 940 menores de edad han enviudado.

México alojaba en 2010 a más de 434 mil niños y adolescentes casados o en unión libre. De ellos, más de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de 15 a 17 años.

El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, atribuye las altas cifras de matrimonio, divorcio y viudez infantil en México a la falta de iniciativas de ley que favorezcan los derechos de la infancia.

Expresó que organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, llamó al Estado mexicano para que aumente a 18 años la edad mínima para casarse, pero a la fecha algunos estados de la república no han acatado este señalamiento.

“En nuestro país se permite el matrimonio con el permiso de los padres, en las mujeres, desde los 14 años, y en varones, a los 16. No deberían permitirse matrimonios en las edades que nos marca la ley”, explicó.

El índice más elevado en matrimonios, divorcios y viudez infantil se encuentra en el Edomex, pues más de 48 mil niños y adolescentes que residen en esta entidad declararon que están casados o viven actualmente en unión libre.

Luis Enrique Hernández, director de la organización civil El Caracol, explicó que algunos de los factores que generan el aumento de uniones conyugales y separaciones infantiles en esta zona se deben a la falta de leyes sólidas en protección a la infancia, carencia de espacios de desarrollo para jóvenes; además, de ser un punto de atracción migratoria de diferentes estados de la República.

Por otra parte, en los matrimonios precoces la posibilidad que una niña o adolescente se case con su violador es alta. Lo peor del problema es que los padres no se dan cuenta y la víctima no denuncia porque cree que es algo “normal” en la unión conyugal, alertó Enrique Hernández.

“En general siempre hay una intervención de los padres, ya sea que los tutores presionaron y avalaron la posibilidad de matrimonio o que estén encubriendo cuestiones de abuso sexual”, advirtió el especialista.

Además, agregó que no existe un registro de datos sobre los índices de abuso sexual en matrimonios de jóvenes, pero la venta o intercambio de niñas a hombres de 30, 40 o 50 años, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, evidencia el abuso sexual.

Para el director de El Caracol, la población infantil que no tiene acceso a servicios deportivos, culturales y sociales son los más vulnerables a tener relaciones sexuales a temprana edad, lo que genera matrimonios precoces.

“En nuestra sociedad los menores de edad difícilmente tienen espacios de participación y escucha dentro de las comunidades por lo cual no estamos atentos a las necesidades biológicas y psicológicas de la niñez”.

La mayoría de adolescentes que crecen solos y sin la atención de la familia tienden a casarse jóvenes, pues el adolescente busca ser escuchado, y al no encontrarlo en su núcleo familiar se refugia en una pareja.

Sin información

El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) desconoce el problema del divorcio y la viudez infantil.

Al solicitar una entrevista con personal de la dependencia, en el área de comunicación institucional señalaron que no cuentan con investigaciones o personal que conozca sobre el tema.

“¿Niños? ¿Divorciados? No. No tenemos información sobre ello. ¿Tu tienes datos?” Fue lo primero que preguntó Verónica Camacho funcionaria del área de comunicación institucional.

Según el Imjuve, la dependencia mantiene cinco programas enfocados a educación sexual y reproductiva, para los cuales asigna a 150 promotores.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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