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Continúa Gobierno Federal en postura de desaparecer la Prisión Preventiva

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El secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar personalmente el escrito con la postura del gobierno federal sobre los proyectos para desaparecer la prisión preventiva oficiosa “PPO”.

Entrevistado brevemente al salir de la SCJN, el funcionario dijo que confía en que los ministros “seguramente leerán con atención nuestro comunicado y tomarán su decisión”.

Explicó que la discusión del tema en el máximo tribunal no se retrasó, sino que, conforme a turno, será discutido en los primeros días de septiembre.

Señaló que el comunicado, difundido por la Segob el miércoles pasado, es la postura del gobierno federal respecto a la PPO y que no hay variaciones.

El encargado de la política interna del país señaló que el mandatario federal –quien señaló ayer en la mañanera que eliminar ese tipo de detención en delitos graves propiciaría impunidad y corrupción— no ha dialogado sobre este tema con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Agregó que en turno para la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar –que apunta a eliminar la prisión preventiva oficiosa en 19 delitos graves— tocó para los primeros días de septiembre, por lo que el gobierno federal estará atento a las discusiones.

México

México acordó con Estados Unidos liberar agua del Río Bravo desde el 15 de diciembre

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El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.

El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.

En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.

Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.

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