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México

Penales son controlados por crimen, revelan

En México el 65 por ciento de los penales son controlados por el crimen, refiere un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

El reporte, dado a conocer por la investigadora Elena Azaola, indica que en el País existen 423 penales, de los cuales 406 son del orden estatal y municipal.

«En los penales existen motines, fugas, violencia, drogas, riñas y homicidios, en un 65 por ciento de los penales padecen autogobierno, es decir, el Estado no tiene control sobre ellos», advirtió Azaola en conferencia de prensa.

Indicó que entre 2009 y 2012 se han fugado más de mil internos, mientras que más de 600 presos han perdido la vida en las penitenciarias, en su mayoría estatales o municipales.

En el tema de la sobrepoblación en los penales, criticó que las políticas antidrogas y la reclusión preventiva mantiene a las cárceles a tope.

Expuso que en el Gobierno del expresidente Felipe Calderón fueron encarcelados 620 mil personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico. No obstante, dio a conocer que unas 500 mil personas fueron liberadas ante la falta de pruebas.

Añadió que las cárceles también están sobrepobladas debido a que hay internos que atraviesan por un proceso judicial y otros por delitos menores.

«El 81 por ciento de presos en el País están en penales por delitos del fuero común, 19 por delitos federales y de ellos el 44 por ciento está procesado, sin recibir sentencia», alertó.

El estudio arrojó que cada preso cuesta 150 pesos al día al Estado y que en penales construidos bajo los contratos de prestación de servicios, como los federales, cada interno cuesta hasta 2 mil pesos al día.

«Es dinero que se paga a la iniciativa privada con recursos públicos y de los que no existe la suficiente transparencia», reclamó.

Azaola exhortó a los gobiernos a crear políticas integrales para recuperar el control de los penales, dignificar al personal penitenciario y a los reos, así como para evitar mayores penas de hasta 500 años, pues dijo, esa medida no disuade a una persona de cometer un delito.

«Se previene cuando intervienen las razones de familia sobre ‘¿qué le va a pasar a mi madre si me meten a la cárcel, a mi esposa, a mis hijos?’, ese tipo de concientización», propuso Azaola.

Fuente: El Mañana

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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