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Penales son controlados por crimen, revelan

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En México el 65 por ciento de los penales son controlados por el crimen, refiere un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

El reporte, dado a conocer por la investigadora Elena Azaola, indica que en el País existen 423 penales, de los cuales 406 son del orden estatal y municipal.

«En los penales existen motines, fugas, violencia, drogas, riñas y homicidios, en un 65 por ciento de los penales padecen autogobierno, es decir, el Estado no tiene control sobre ellos», advirtió Azaola en conferencia de prensa.

Indicó que entre 2009 y 2012 se han fugado más de mil internos, mientras que más de 600 presos han perdido la vida en las penitenciarias, en su mayoría estatales o municipales.

En el tema de la sobrepoblación en los penales, criticó que las políticas antidrogas y la reclusión preventiva mantiene a las cárceles a tope.

Expuso que en el Gobierno del expresidente Felipe Calderón fueron encarcelados 620 mil personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico. No obstante, dio a conocer que unas 500 mil personas fueron liberadas ante la falta de pruebas.

Añadió que las cárceles también están sobrepobladas debido a que hay internos que atraviesan por un proceso judicial y otros por delitos menores.

«El 81 por ciento de presos en el País están en penales por delitos del fuero común, 19 por delitos federales y de ellos el 44 por ciento está procesado, sin recibir sentencia», alertó.

El estudio arrojó que cada preso cuesta 150 pesos al día al Estado y que en penales construidos bajo los contratos de prestación de servicios, como los federales, cada interno cuesta hasta 2 mil pesos al día.

«Es dinero que se paga a la iniciativa privada con recursos públicos y de los que no existe la suficiente transparencia», reclamó.

Azaola exhortó a los gobiernos a crear políticas integrales para recuperar el control de los penales, dignificar al personal penitenciario y a los reos, así como para evitar mayores penas de hasta 500 años, pues dijo, esa medida no disuade a una persona de cometer un delito.

«Se previene cuando intervienen las razones de familia sobre ‘¿qué le va a pasar a mi madre si me meten a la cárcel, a mi esposa, a mis hijos?’, ese tipo de concientización», propuso Azaola.

Fuente: El Mañana

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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