Conecta con nosotros

México

Controla el crimen 53 penales: CNDH

El presidente de la  Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, reprobó el sistema penitenciario en México y acusó al  de abandonar a la población total, que es de 238 mil 269 internos.

Durante la presentación del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, el ombudsman nacional señaló que en los penales del  Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit, se tienen las peores condiciones en términos generales.

“Los centros penitenciarios del país, hoy por hoy atraviesan una crisis muy delicada como la consecuencia de la  de políticas públicas adecuadas en la materia…y del poco interés que despierta este  en la sociedad”, señaló.

En lo que respecta a la integridad de los internos, la CNDH observó problemas de sobrepoblación, hacinamiento, falta de separación entre hombres y mujeres, deficiencia en los servicios de salud, por mencionar algunos.

La capacidad total en los centros penitenciarios, comentó, es de 189 mil 397, la población total en el país es de 238 mil 269, esto es que hay una sobrepoblación de 48 mil 872 internos.

Plascencia Villanueva mencionó que en lo que respecta a la reinserción social, el diagnostico realizado en 100 centros de reclusión, arrojó deficiencias en la clasificación de los internos de acuerdo a su perfil psicológico y criminológico.

En el documento se señala además que se carece de actividades , de  y deportivas, lo que impide que puedan alcanzar las condiciones necesarias para la lograr la reinserción social.

En lo que respecta a una  digna, la CNDH calificó como preocupante la condición en la que se encuentran los alimentos que se les proporciona a los reclusos, pues carecen de las condiciones mínimas de higiene, incluso, en algunas cárceles se observó la presencia de aguas negras en los dormitorios.

En el ramo de internos con requerimientos específicos se observó que las mujeres tienen un trato inadecuado, “en la mayoría de los casos se les ubica en algún módulo de los centros para varones, no cuentan con instancias para sus hijos ni centros de desarrollo infantil y su alimentación no es la adecuada”, se lee en el informe.

Para los adultos mayores y con alguna discapacidad, las cárceles no cuentan con las instalaciones adecuadas para poder hacer sus actividades como el hecho de llegar a la zona de alimentos; los indígenas carecen de intérpretes.

Por último, el presidente de la CNDH indicó que para las personas con enfermedades psiquiátricas no existe el acceso a la atención y seguimiento médico; faltan programas para la prevención de adicciones y las personas con VIH/sida no tienen la atención adecuada.

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto