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Política

«Corral politizó denuncia ciudadana»; Comité anticorrupción se deslinda

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Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral buscó al Comité Anticorrupción para que lo apoyará en su reclamo a la administración de Enrique Peña Nieto. Los miembros del comité acompañaron a Corral en un primer momento, luego de analizar la denuncia, pero ahora ese reclamo, puntualizó Peschard, raya o invade la arena política y el Comité Ciudadano optó por retirarse de la disputa.

“Lo que pasa es que esto ya ha derivado en una cosa mucho más política”, comentó la especialista en temas anticorrupción, “y en eso sí, pues tanto yo como el Comité de Participación Ciudadana ya nos alejamos”.

Peschard aseguró que cuando Corral les presentó su disputa contra la Secretaría de Hacienda, a la que acusa de ahogar financieramente a su gobierno como represalía por la persecución a priistas acusados de peculado, el Comité debió considerar su intervención y de allí derivó su presencia en la conferencia de prensa del mandatario y una carta firmada por todos los integrantes del Comité.

“Lo que sí puedo decir es que nosotros apoyamos ese evento en el que el gobernador Corral salió a reclamar que no le hubieran dado los recursos que ya se habían acordado con Hacienda porque él estaba haciendo o había empujado todo el asunto en contra de César Duarte”, dijo Peschard a Crónica y agregó que la queja del gobernador estaba plenamente justificada, “su reclamo iba en el sentido de que había muchas acusaciones penales en contra de Duarte y que no había prosperado la extradición”.

A decir de Peschard Mariscal, ante esta circunstancia el Comité simplemente cumplió con su función al principio del conflicto. En el  momento actual, se determinó no seguir más.

“Nosotros como Comité de Participación Ciudadana lo que nos toca es apoyar esas acciones que van encaminadas al combate a la corrupción”, puntualizó la también académica, figura pública sobre la que ha descansado, en buena medida, que el Sistema Nacional Anticorrupción no quede en el olvido.

Lo que es un hecho es que, ante lo que denominó “rumbo político” que adquirió el pleito Corral-SHCP, el Comité determinó que no podía darle más seguimiento al caso, por lo que no estarán en las manifestaciones callejeras convocadas por Corral.

“Por eso nosotros estuvimos, como acompañando esa declaración pero ya todo lo que ha surgido posteriormente que tiene más que ver con qué es un acto político o no es un acto político, eso ya es un asunto que tiene otro cariz y dimensiones en que nosotros ya no podemos (continuar) y meternos en medio de una discusión de tintes políticos”.

Como se recordará, se mantienen abiertas investigaciones que ligan desviaciones de recursos públicos, específicamente desde el gobierno de César Duarte en Chihuahua, a las campañas priistas.  La denuncia original de Corral contra Hacienda refería que se le cortaban recursos y que abiertamente funcionarios de la dependencia federal le cuestionaron sobre las investigaciones de peculado. En la conferencia de prensa del lunes pasado, en un primer tinte del tema electoral que, Javier Corral uso fraseos de la campaña de Ricardo Anaya, específicamente el “acabaremos con el Pacto de Impunidad”.

Hacienda y Presidencia de la República recriminaron este tono electoral de la denuncia y la dependencia hacendaria refirió que 700 millones de pesos nunca llegaron a Chihuahua debido a que los funcionarios de Corral entregaron mal los formatos para realizar el depósito, incluyendo errores en las cuentas a las que debía dirigirse el recurso.

El próximo domingo, Corral encabezará una manifestación callejera en la ciudad de Chiahuahua, abiertamente confrontando a la Federación por el tema de la entrega de recursos.

Lo que se interpretaría como un uso partidista de los recursos públicos ha terminado en una serie de dimes y diretes entre los actores políticos. El Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción ha optado por salir del escenario.

 

Tomado íntegramente de Crónica

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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