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México

Corrupción por millones de pesos permitió la liberación del “Mochomo”, clave en caso Ayotzinapa: FGR

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José Ángel, identificado como una pieza clave en el caso Ayotzinapa, habría sido liberado por actos de corrupción por varios millones de pesos.

La dependencia informó que un juez autorizó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) realizar algunas intervenciones telefónicas que mostrarían que personas cercanas al imputado y al juzgado que atrajo su caso, el Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, estarían relacionadas con los actos de corrupción.

“(Las intervenciones) señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel ’C’”, expuso la FGR en un comunicado.

El hombre identificado en medios como “El Mochomo” ha sido señalado por autoridades federales como líder de Guerreros Unidos, un grupo criminal ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El pasado 24 de junio la Policía Federal Ministerial de la FGR lo detuvo en el municipio mexiquense de Metepec, pero la tarde de ayer una Jueza federal ordenó su liberación.

Minutos después de que José Ángel dejara el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, la FGR lo detuvo, pues ya contaba con una nueva orden de aprehensión.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó esta mañana que ha iniciado una investigación por los hechos de corrupción que habrían permitido la liberación de José Ángel.

De acuerdo con la FGR, en el juzgado de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Penal Federal de Almoloya de Juárez le decretaron auto de libertad al negar el valor de las pruebas presentadas por la dependencia federal y que fueron admitidas en 2014.

La dependencia aseguró que las pruebas “eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejando de revisar 21 pruebas aportadas entonces”, por lo que apeló la decisión.

Esta tarde, José ángel fue ingresado por la FGR al Centro de Investigaciones Federales donde permanecerá 40 días ya que un porque un juez federal lo autorizó. El hombre es investigado por delitos relacionados con la delincuencia organizada que no están ligados a la desaparición de los 43 estudiantes, registrada en septiembre de 2014.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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