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Corte confirma destitución de magistrado ligado a hijo de ‘El Chapo’

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución del exmagistrado de Circuito, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, dictada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en abril de 2017.

Este lunes, mediante acuerdos, se dio a conocer que 8 de 9 ministros del máximo tribunal consideraron como infundado el recurso de revisión administrativa interpuesto por el togado en contra de su cese por no declarar y justificar el origen de ingresos en cuentas bancarias entre 2009 y 2011.

Al que correspondía justificar que los depósitos realizados con documento y en efectivo eran de origen conocido y lícito, era al recurrente; empero no lo hizo, ya que se limitó a señalar que los documentos con base en los cuales se emitió tal informe fueron insuficientes.

Soslayando que éste se apoyó en la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estados de cuenta, informes de instituciones financieras, así como en los datos contenidos en las declaraciones patrimoniales del propio agraviado”, señala la sentencia.

Desde 2016, la Comisión de Disciplina del CJF efectuó una serie de indagatorias sobre el actuar del magistrado, quien se desempeñara como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, y concluyó que incurrió en conductas que demostraban su falta de profesionalismo e imparcialidad en sus resoluciones.

Fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico y del manejo en sus cuentas bancarias de cantidades inusuales. Además, se le imputa que favoreció en sus sentencias a un operador de los Beltrán Leyva, a “La Reina del Pacífico” y a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Desde 2014 el CJF denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Luna Altamirano, a quien se le detectaron alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no correspondían a sus ingresos como juzgador.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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