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Resto del mundo

Corte confirma destitución de magistrado ligado a hijo de ‘El Chapo’

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución del exmagistrado de Circuito, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, dictada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en abril de 2017.

Este lunes, mediante acuerdos, se dio a conocer que 8 de 9 ministros del máximo tribunal consideraron como infundado el recurso de revisión administrativa interpuesto por el togado en contra de su cese por no declarar y justificar el origen de ingresos en cuentas bancarias entre 2009 y 2011.

Al que correspondía justificar que los depósitos realizados con documento y en efectivo eran de origen conocido y lícito, era al recurrente; empero no lo hizo, ya que se limitó a señalar que los documentos con base en los cuales se emitió tal informe fueron insuficientes.

Soslayando que éste se apoyó en la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estados de cuenta, informes de instituciones financieras, así como en los datos contenidos en las declaraciones patrimoniales del propio agraviado”, señala la sentencia.

Desde 2016, la Comisión de Disciplina del CJF efectuó una serie de indagatorias sobre el actuar del magistrado, quien se desempeñara como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, y concluyó que incurrió en conductas que demostraban su falta de profesionalismo e imparcialidad en sus resoluciones.

Fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico y del manejo en sus cuentas bancarias de cantidades inusuales. Además, se le imputa que favoreció en sus sentencias a un operador de los Beltrán Leyva, a “La Reina del Pacífico” y a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Desde 2014 el CJF denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Luna Altamirano, a quien se le detectaron alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no correspondían a sus ingresos como juzgador.

Excelsior

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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