Las tres leyes reglamentarias con las que se pretende echar a andar la reforma educativa tendrán un costo promedio de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), es decir, casi el doble del presupuesto anual que se debería destinar al crecimiento de la cobertura en educación superior.

Un eje central en las normas del Servicio Profesional Docente, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la reforma a la Ley General de Educación (LGE), es la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).

Su organización y aplicación estará a cargo del INEE, no de la dependencia federal, y para el nuevo organismo se contemplan nuevas facultades, entre ellas diseñar las evaluaciones de docentes y alumnos, así como un sistema de indicadores educativos.

También se destaca que a fin de fortalecer la gratuidad de la educación, el cobro de cuotas estará prohibido.

Los recursos públicos que se deberán canalizar para aplicar las leyes secundarias contemplan que de 28 mil 305 millones 551 mil 416 pesos, al menos 8 mil millones 466 mil se destinen al retiro voluntario de docentes, otros 905 millones a la jubilación; en ambos casos el requisito serán 30 años de servicio.

Para la figura de asesores técnicos pedagógicos, que se convierte en una promoción inicial para docentes frente a grupo, se destinarán 15 mil 256 millones, pues se considera asignar uno por cada 200 alumnos, y 4 mil 129 millones de pesos para quienes se desempeñen como tutores, ya que se pretende asignar uno por escuela.

Asimismo, se faculta al INEE para determinar los «niveles mínimos» para el ejercicio de la docencia y las funciones de dirección y supervisión en la educación básica y normal, a fin de buscar su «idoneidad».

El instituto deberá presentar un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el sistema educativo nacional.

Se crea el Sistema de Información y Gestión Escolar, que tendrá entre sus competencias regular y operar un nuevo padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, así como un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, con el fin de establecer un sistema nacional de información educativa.

Con la reforma a la LGE se buscará el impulso a la autonomía de la gestión escolar, la apertura paulatina de escuelas de tiempo completo, con jornadas de seis a ocho horas, así como la creación de «microempresas» destinadas al suministro de alimentos sanos en las escuelas, para evitar la venta y consumo de comida chatarra, para lo cual se emitirán nuevos lineamientos.

Debido a las nuevas competencias que se le otorgan al INEE como responsable del SNEE, la Secretaría de Educación Pública propone modificar la ley del sector para establecer que es al instituto al que corresponden las atribuciones para coordinar y evaluar la «calidad, el desempeño y los resultados» del sistema educativo del país.