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Chihuahua

Costará de 3 mil a 9 mil pesos regularización de chuecos

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REQUISITOS

Los requisitos son el engomado ecológico, el Registro Público Vehicular y que la unidad no cuente con reporte de robo, con lo cual se podrán acoger al programa de regularización, el cual representa un esfuerzo financiero del Estado como aval para el pago de los impuestos.

Al cumplir con esto se tendrá el reconocimiento del automóvil y este podrá circular con legalidad por el estado, lo cual Duarte Jáquez dijo que representa un “acuerdo inédito en el país”, ya que se logró el consenso entre el Gobierno y las asociaciones que se dedican a la venta de automóviles nuevos.

 

COSTOS

Tras darse a conocer el que finalmente la Federación aprobó la regularización de autos «chuecos» en la Entidad, dicho proceso tendrá un costo que fluctuará entre los 3 mil hasta los 9 mil pesos, de acuerdo a las condiciones del carro.

Así lo dio a conocer el líder de la UCD, Pavel Aguilar Raynal, quien precisó que dichos costos son inferiores al que anteriormente se estaban manejando, ya que tienen una reducción gradual importante.

Explicó que de acuerdo a las últimas estadísticas con las que se cuenta a nivel estatal, se prevén que hay cerca de 120 mil automóviles de procedencia extranjera sin identificación, los cuales tendrán que realizar el trámite antes mencionado.

Detalló que dentro de los acuerdos establecidos en el decreto, se establece que entran en la regularización todos aquellos modelos inferiores al 2006 así como todos los que hayan realizado la verificación ecológica.

 

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La Secretaría de Economía publicará en los próximos días un acuerdo para regular la importación de autos usados en nuestro estado, con el que otorgará un plazo de 180 días naturales a quienes quieran poner en regla modelos de más de ocho años de antigüedad.

Se trata de un programa para automóviles que ya estén internados en la entidad y cuyos dueños paguen los impuestos de importación definitiva correspondientes y lleven los vehículos a Verificentros para cumplir con la norma federal 041, relacionada con la emisión de contaminantes.

Analistas estiman que se regularizarán decenas de miles de autos, aunque una vez ordenados, está la ventaja de que se podrán detectar las unidades ilegales con mayor facilidad, con las cuales suelen cometerse delitos como asaltos, contrabando y homicidios.

La medida fue criticada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), quien ha insistido en que se debe restringir la importación de autos usados para incentivar la compra de nuevos e impulsar más al sector industrial mexicano con ventas locales.

REPLICAN PROGRAMA

Este es el segundo proceso de regularización de autos usados en la entidad, luego de que el primero se realizará como parte de las acciones del programa Todos Somos Juárez, que se implementó en la presente administración para reducir los índices de inseguridad.

El gobierno de Chihuahua contó con el aval de las secretarías de Hacienda, de Economía y del Medio Ambiente, porque ha establecido una red de Verificentros fijos y móviles, que han sido certificados por esta última dependencia, y porque dará garantías del pago de los aranceles.

“Como autoridades federales, vemos cuestiones que van más allá del interés comercial de una empresa, que tienen que ver con la seguridad pública o con temas sociales o de otra índole”, dijo César Hernández, director de comercio exterior de la Secretaría de Economía.

De enero a julio, se importaron 239,000 autos usados, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“En un esquema de libre comercio esto no debería ser grave; el consumidor tiene que decidir si quiere comprar un auto o no y tiene que evaluar la calidad y el precio”, dijo Sergio Gómez, director de Inteligencia Comercial (IQOM), tras participar en la Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior.

 

 

 

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Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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