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Política

Costó más de 4 mdp el debate presidencial

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El Instituto Federal Electoral informó que la producción del debate de los candidatos a la presidencia de México tuvo un costo de 4 millones 92,144.22 peso

Esa cifra incluyó el gasto en servicios de telecomunicación, mobiliario, maquinaria y equipo, además del pago por poder utilizar las instalaciones del World Trade Center, en el Distrito Federal, reportó el Instituto en su sitio web.

En el documento “El IFE te rinde cuentas”, el Instituto detalla que la moderadora del debate, la periodista Guadalupe Juárez, obtuvo un pago de 73, 001.89 pesos, aunque de esa cantidad se descontaron 13,001.89 pesos por la retención de pago de honorarios.

“El costo de las edecanes (dos edecanes a 3,500 pesos por llamado) se considera dentro del costo del productor general”, indica el gráfico de “Relación de Gastos del Primer Debate”. El productor general recibió 80,000 pesos, según el IFE.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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