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COVID-19: ¿Quiénes tienen prohibido el paso entre México y Estados Unidos?

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hace 6 años

Mar 22, 2020

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Desde este fin de semana inició la restricción de los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, entre ellos el paso de la ciudad mexicana de Tijuana y la estadounidense de San Ysidro, uno de los más transitados, así como en el cruce de la Mesa de Otay, dando exclusividad a pases médicos y otras prioridades ante la crisis del coronavirus.

El pasado viernes, los Gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron un acuerdo para frenar la pandemia del coronavirus por lo que decretaron el cierre de la frontera común a partir del sábado y durante 30 días para los “viajes no esenciales”, es decir los de carácter turístico o recreativo.

Sin embargo, la frontera seguirá abierta para el tránsito de alimentos, combustible, atención médica y medicamentos.

Bajo este esquema, las personas con visas de turista no podrán pisar suelo estadounidense durante 30 días, así como las personas que realizan actividades “no esenciales” en Estados Unidos y sólo se permitirá el ingreso a quienes vayan con fin médico, educativo y comercial.

Aunque las autoridades aún no determinan el impacto económico que esta medida generará en ambos lados de la frontera, datos oficiales revelan que entre Tijuana y San Ysidro se registra un cruce diario de unos 60,000 vehículos en horarios o fechas no festivas.

Actualmente en el estado de California, Estados Unidos, se han registrado cerca de 700 casos de COVID-19 y alrededor de 16 personas muertas por este virus, mientras que en el estado mexicano de Baja California hay 5 casos confirmados y 43 sospechosos.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, de los cinco casos ya confirmados, cuatro son en Mexicali y uno en Tijuana, todos con antecedentes de haber viajado a distintas ciudades de Estados Unidos.

En la ciudad de Tijuana no se ha ordenado un tiempo de resguardo a la población y solo se ha recomendado a restaurantes y comercios ambulantes tomar las medidas prevención para evitar la propagación del contagio.

Pese a las peticiones de no entrar en “pánico”, aún se siguen percibiendo compras masivas en tiendas departamentales y los productos con mayor demanda son los de higiene personal.

Por otra parte, en los comercios pequeños aún hay abasto de productos de primera necesidad, según confirmó la CANACOPE (Cámara Nacional de Comercio en Pequeño), ya que afirmaron, en México aún laboran con normalidad los productores y distribuidores.

Este sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la decisión de no cerrar la frontera entre ambos países debido a la pandemia por el COVID-19.

“Hablé con el presidente Donald Trump; le transmití la solidaridad de México con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos. Agradecí su decisión de no cerrar la frontera”, escribió López Obrador en un mensaje de Twitter.

En un segundo mensaje, el mandatario informó que en la llamada también trataron el tema del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Le propuse acelerar la entrada en vigor del T-MEC para impulsar la recuperación económica de ambos países. Reafirmamos el compromiso de trabajar siempre juntos y, en especial, ahora que atravesamos por tiempos difíciles. Fue una plática afectuosa”, apuntó.

Fuente: Infobae

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México

Salinas Pliego lleva a la CIDH acusación contra el Estado mexicano por persecución política

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hace 12 horas

Ene 13, 2026

segundoasegundo

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta persecución política, de acuerdo con un comunicado difundido por el conglomerado empresarial.

La acción se formalizó durante una reunión celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D.C., entre Salinas Pliego y Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En ese encuentro, el empresario expuso una serie de señalamientos que, según el documento, configuran una estrategia coordinada de presión desde distintas instancias del Estado.

La denuncia sostiene que existe una persecución fiscal, judicial y administrativa orientada a restringir la libertad de expresión y la participación del empresario en el debate público, lo que, afirma el comunicado, constituiría una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Durante la conversación, Salinas Pliego explicó lo que considera herramientas de represalia empleadas por el Estado, entre ellas la criminalización de la crítica. Grupo Salinas señaló que ha documentado un uso presunto de medios de comunicación y vocerías oficiales para afectar la reputación del empresario y de sus empresas, con el objetivo de silenciar la disidencia.

Otra de las prácticas señaladas fue el hostigamiento administrativo. El grupo empresarial afirmó que sus compañías han sido sometidas a auditorías excesivas por parte del aparato institucional del Estado, las cuales, aseguró, se duplicaron durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en comparación con periodos anteriores.

El comunicado también hizo referencia a lo que calificó como captura del Poder Judicial. En ese contexto, se mencionó la existencia de un documento que advierte que la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, lo que, según el planteamiento presentado, deja a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a posibles abusos del Ejecutivo.

En materia fiscal, Salinas Pliego señaló un uso político del aparato recaudatorio. Afirmó que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, ha enfrentado negativas y un trato discriminatorio, lo que, a su juicio, revela un fin coercitivo y no recaudatorio.

Grupo Salinas consideró que el caso trasciende lo personal y lo definió como una advertencia sobre una crisis institucional en México. En el cierre del comunicado, se informó que se solicitó a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenar garantías de no repetición que restablezcan la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en el país.

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