Conecta con nosotros

México

Crearon un monstruo; Rebelión dentro de MORENA por alianza con «intolerantes» del PES

Defensores de derechos humanos, personalidades del ámbito académico y simpatizantes de Morena exigieron a su dirigencia nacional desistirse de la alianza con el Partido Encuentro Social (PES).

A través de un posicionamiento, dicha alianza fue calificada de incongruente luego de que hoy Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, así como los dirigentes del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y del PES, Hugo Eric Flores, anunciaron formalmente la coalición que postulará al primero.

En el documento, firmado por más de 60 personas conocidas en los ámbitos derecho-humanista, feminista y la diversidad sexual, se recordó a Morena el Artículo 9 de sus estatutos en los que se consigna que dicha formación política trabajará por el respeto a los derechos humanos y en contra de la violencia; contra la discriminación social, laboral y política, la violencia homofóbica, de género y étnica, entre otras materias relacionadas con libertades fundamentales y equidad.

A manera de probanza, las firmantes expusieron la posición del PES en la Cámara de Diputados, cuando presentaron la iniciativa de reformas constitucionales que eliminara la educación laica, promover una concepción única de familia y prohibir el aborto, pero que, ante la presión de organizaciones de la sociedad civil, aseguran, fue desechada.

“Esta alianza es incongruente y deja ver a amplios sectores de la sociedad que Morena está privilegiando la consecución de votos a costa de sus valores”.

Añadieron: “Consideramos que Morena debe desistirse de esta alianza puesto que está arriesgando más de lo que puede ganar al desdibujar su diferencia con las demás opciones que este proceso electoral están conteniendo”.

Los temas a los que hace referencia el posicionamiento han sido evadidos por López Obrador, declaradamente, el pasado 20 de noviembre, cuando al presentar su “Proyecto de Nación” en el Auditorio Nacional, dijo respecto a los temas de la diversidad que los omitiría para “no ofender a nadie”.

Por su parte, el PES es una formación política relacionada ampliamente con iglesias evangélicas, principalmente, pentecostales, y las posiciones históricas de su dirigencia han llegado a ser inclusive más radicales que las de la Iglesia Católica, como ocurrió con el mencionado episodio de septiembre de 2016.

Fuente: PROCESO

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto