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Resto del mundo

Crece presión en EU para un TLC completo

Kevin Brady, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el grupo más importante de ese órgano legislativo en la supervisión de la política comercial, afirmó que no respaldaría una renegociación light del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Creo, francamente, que estamos demasiado cerca de un TLCAN moderno e integral que aborde una amplia gama de desafíos y oportunidades en energía, telecomunicaciones, comercio digital y agricultura, que deberían ser parte de un acuerdo moderno”, dijo Brady a periodistas el lunes. Previamente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, no descartó la posibilidad de aprobar una versión light o “delgadita” del TLCAN que no requiriera la aprobación legislativa.

“Creo que por ahora todavía estamos enfocados en un nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que pudiera ser aprobado por el Congreso. Pero fácilmente podríamos ver un acuerdo delgadito como una alternativa y eso es algo que el presidente puede considerar”, planteó Mnuchin.

Brady externó que no quiere perder la oportunidad de renegociar el TLCAN “apuntando demasiado bajo”; mientras que, en contrapunto, el senador estadounidense John Barrasso, presidente del Comité de Política Republicana, se inclinó por una nueva versión del TLCAN que no pase por el Congreso.

Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, se opuso la semana pasada a negociar una actualización del TLCAN con alcances limitados

La negociación de acuerdos internacionales generalmente se considera prerrogativa exclusiva del Ejecutivo en Estados Unidos. En consecuencia, el Ejecutivo no necesita la aprobación del Congreso para discutir cambios al TLCAN con representantes de Canadá y México. Pero la atención se centra en si el acuerdo resultante de estas negociaciones debe ser aprobado por el Congreso antes de que entre en vigor y surta efecto en la legislación nacional.

De acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense, si bien la ley de implementación del TLCAN y el propio acuerdo parecen contemplar cambios limitados a ciertos aspectos del acuerdo y su implementación en la legislación nacional (por ejemplo, tasas arancelarias y reglas de origen) sin aprobación legislativa adicional, un tratado que requiera cambios al estatuto federal, o que de otro modo realice cambios importantes en el TLCAN, probablemente necesitaría el asentimiento del Congreso.

La Constitución estadounidense otorga al Congreso autoridad específica sobre el comercio internacional, incluidos los poderes para imponer y cobrar impuestos y aranceles y para regular el comercio internacional.

Los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos han sido aprobados e implementados históricamente como acuerdos legislativos consecutivos por mayoría de votos de cada Cámara del Congreso.

En la ley de implementación del TLCAN, el Congreso aprobó este tratado tal como existía en 1993. En consecuencia, podría decirse que los cambios importantes en el acuerdo requirieron la aprobación legislativa. Además, podría argumentarse que el presidente carece de la autoridad para terminar con el efecto interno de los estatutos federales que implementan el TLCAN sin pasar por el proceso legislativo completo para la derogación.

La práctica histórica respalda esta visión. Cuando el Congreso aprobó el TLCAN, enmendó la ley que implementaba el acuerdo de libre comercio anterior entre Estados Unidos y Canadá para suspender ciertas disposiciones de la ley y permitir que otras continuaran operando. En todo caso, de existir controversia, ésta se podría dirimir en un tribunal.

El Financiero

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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