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ICE enfrenta su peor imagen pública justo cuando Trump impulsa su expansión multimillonaria

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En medio de una histórica ampliación presupuestal impulsada por Donald Trump, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentra en uno de los momentos más críticos de su reputación ante la opinión pública estadounidense.

Aunque el nuevo plan del expresidente —incluido en su proyecto legislativo estrella— garantiza a ICE una financiación récord de 75 mil millones de dólares hasta 2029, diversas encuestas recientes muestran que el respaldo ciudadano hacia esta institución es más bajo que nunca, incluso más que en 2018, cuando algunos legisladores liberales promovían su abolición.

Una agencia con más poder y menos restricciones

Con esta expansión presupuestal, ICE se convierte en la agencia federal de seguridad con mayor financiamiento, superando incluso al FBI. Según PolitiFact, el presupuesto anual promedio de ICE alcanzará los 27.7 mil millones de dólares, comparado con los 10 mil millones que recibe el FBI.

A diferencia del FBI, que opera bajo reglas de autonomía establecidas tras el escándalo de Watergate, ICE no cuenta con mecanismos similares que limiten la influencia directa del presidente. Esto permite a Trump tener mayor control sobre su operación, lo cual ha encendido las alarmas entre críticos que temen una posible utilización política del aparato de deportación.

El costo político de expandir ICE

A pesar del apoyo republicano, las cifras son contundentes: los estadounidenses no están convencidos.

  • Una encuesta de Quinnipiac University reveló que el 57% desaprueba cómo ICE aplica las leyes migratorias.

  • En otro sondeo de NPR/PBS NewsHour/Marist College, el 54% opinó que ICE ha ido “demasiado lejos” en la ejecución de estas leyes.

  • Finalmente, una encuesta de CNN mostró que el 53% de los votantes se opone al aumento de fondos para la agencia.

En los tres estudios, los votantes independientes —clave en cualquier elección— se mostraron aún más críticos. Un 63% de ellos desaprueba las acciones de ICE, y un 58% rechaza la expansión presupuestal propuesta por Trump.

Estas cifras superan ampliamente la desaprobación que ICE recibió en años anteriores. Entre 2018 y 2020, la mayoría de las encuestas de NBC, Pew Research y Fox News mostraban una división más equilibrada. Solo una, en 2019, registró una diferencia de dos dígitos en contra de ICE.

¿Un nuevo error estratégico para Trump?

Aunque la propuesta de «abolir ICE» fracasó políticamente en su momento por considerarse extrema, la creciente desaprobación actual hacia la agencia muestra que la percepción pública ha cambiado. En este contexto, hacer de ICE el eje de su agenda migratoria podría convertirse en un arma de doble filo para Trump, especialmente si se intensifican medidas polémicas como las redadas masivas o el uso del ejército para apoyar deportaciones.

El exzar fronterizo Tom Homan, uno de los aliados más vocales de Trump en temas migratorios, defendió a la agencia esta semana, asegurando que “ICE simplemente cumple con las leyes aprobadas por el Congreso”. No obstante, si el expresidente continúa apostando por reforzar su ofensiva migratoria con esta institución al frente, podría encontrarse con una fuerte resistencia no solo de activistas, sino también del electorado moderado que en su momento lo ayudó a llegar a la Casa Blanca.

En un país cada vez más dividido por su política migratoria, la figura de ICE parece destinada a estar en el centro del debate… para bien o para mal.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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