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México

Crecen los embarazos entre adolescentes

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio.- México no sólo no ha podido reducir los embarazos de adolescentes en las últimas dos décadas, sino que incluso, de 1990 a 2010, el porcentaje de mujeres que se convirtieron en madres antes de cumplir 20 años pasó de 18 a 18.8 por ciento.

Hoy, uno de cada cinco nacimientos que ocurren en el país corresponden a madres adolescentes. Y es que a pesar de no desear un embarazo, todavía una de cada cuatro no usa ningún método anticonceptivo por falta de información o porque, de plano, no tiene acceso a éste.

Esto que se conoce como demanda insatisfecha asciende a 24.6 por ciento entre las adolescentes de 15 a 19 años, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), y es justo en este grupo donde la cobertura anticonceptiva se encuentra en los niveles más bajos, al ubicarse en 45 por ciento.

En su primera relación sexual, de hecho, 80.1 por ciento de las chicas en ese rango de edad no utilizó un método anticonceptivo, a pesar de que 98 por ciento conocía al menos uno.

En el marco del Día Mundial de la Población ,que se conmemora el miércoles y cuyo lema este año es Por el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, representantes de organizaciones civiles coincidieron en que México se ha estancado en la política de población, misma en la que se colocó a la vanguardia en los años setenta, a través de exitosas  estrategias de planificación familiar.

“Durante casi diez años no hubo una sola campaña  masiva para prevenir el embarazo adolescente en este país, este año tenemos esta que dice: ‘Cuando te proteges tienes 99 por ciento de probabilidad de seguir cargando tu mochila y no una pañalera’, pero esto sale después de la presión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, tras un vacío tremendo, porque se había dado una política de reproducción, digamos de avanzada, y el Conapo había hecho un trabajo importante de planificación familiar que en los últimos diez años se fue para abajo”, acusó Cinthya Velasco, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Es por ello que sin desestimar los logros alcanzados, como el hecho de que en los últimos cuarenta años la fecundidad haya pasado de 7.3 hijos a dos en promedio por mujer, activistas consultadas por Excélsiorconsideraron que el Estado todavía no ha logrado garantizar que todas las mexicanas accedan a uno de los derechos humanos más básicos: decidir cuántos hijos tener y cuándo proveerlos.

El propio Conapo reconoce que aún existen desigualdades en el acceso real a los métodos anticonceptivos por parte de adolescentes, mujeres con menor nivel de escolaridad, de comunidades rurales o hablantes de lengua indígena, lo que se traduce es un “ejercicio desigual” de los derechos reproductivos entre la población.

“El que se siga manteniendo desde los años noventa el número y proporción de nacimientos de madres adolescentes significa que efectivamente no hemos impactado lo suficiente en esta población. Son de estos grandes rezagos que tenemos”, reconoció Susana Cerón, titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud.

Se sabe, explica, que quienes más se embarazan son las adolescentes que viven en condiciones de pobreza, que tienen baja escolaridad y sin acceso a servicios de salud, lo que lo convierte en un fenómeno todavía  más complejo.

“El acceso a los anticonceptivos, aun teniendo pareja, es muy difícil en algunos lugares, porque hay veces, por ejemplo, que para darte una píldora de anticoncepción de emergencia el requisito es ir menstruando o que para entregarte un condón te piden, además de tu nombre, dar tu dirección y tu teléfono y eso no es nada amigable para las jóvenes, las aleja; y eso pasa en nuestro país en pleno siglo XXI, no sólo en las comunidades rurales, también en las zonas urbanas”, advirtió Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).

Un estudio de la Red que fiscalizó el acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos entre 2007 y 2010 en el  Distrito Federal, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Zacatecas y Jalisco documentó casos de desabasto de métodos anticonceptivos, falta de áreas especificas de planificación familiar en centros de salud y desconocimiento por parte de algunos proveedores de servicios para brindar información a las mujeres en dichas entidades.

Mediante usuarias simuladas que representaron el papel de amas de casa, adolescentes, mujeres con ropa escotada, tímidas y empoderadas, así como entrevistas a los prestadores de servicios de salud, la Red pudo encontrar en 2007, que 50 por ciento de las unidades médicas visitadas no contaba con disponibilidad de la píldora de anticoncepción de emergencia.

“El desabasto se encontró en Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y el Distrito Federal. En, Guerrero y Chiapas la no disponibilidad de la PAE se disfrazó de rechazo a la usuaria, por no ser derechohabiente o porque su otorgamiento debía autorizarlo personal médico que no se encontraba en ese momento”, detalla el reporte que precisa que son los médicos y enfermeras quienes más niegan el servicio y no sólo por el desabasto, sino también por ideas preconcebidas acerca de la anticoncepción de emergencia.

En Chiapas, por ejemplo, les pedían a las mujeres ir menstruando para poder dárselas. Y en la clínica de Zacualpan, en Tlaxcala, les dijeron que nada más les abastecían 30 dosis al año y que sólo se las proporcionaban a mujeres casadas, argumento dado principalmente a las usuarias simuladas que vestían con ropa escotada.

“Sabemos que esto existe y que tenemos que enfrentarlo, dando capacitación constante a los prestadores de servicios de salud para que los servicios sean amigables, porque de otra manera alejan a los jóvenes y sabemos lo importante que es el tema de la planificación familiar para reducir la mortalidad materna, para brindar a las mujeres la posibilidad de incorporarse al desarrollo, lo importante que es para salvar la vida de los niños y necesitamos fortalecerla”, admitió Cerón.

De acuerdo con información del INEGI, entre 1998 y 2010, dos mil 48 adolescentes de entre 15 y 19 años y 106 niñas de diez a 14 murieron por causas relacionadas con el embarazo, el parto, puerperio y aborto.

“Esto nos indica que ya no sólo hay que brindar servicio a mujeres casadas o unidas, sino también a adolescentes, y quitar esos tabues de oscurantismo que prevalecen sobre que si la píldora de anticoncepción de emergencia es abortiva, porque las chicas no sólo mueren, que es muy grave, también se ven condenas con sus hijos a repetir círculos de pobreza”, concluye Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de Ddser.

2012-07-08 05:03:00

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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