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crimen organizado argumento para transferir el control de la Guardia Nacional a Sedena.

Ciudad de México.- El Ejecutivo federal reconoce que los grupos del crimen organizado en México son una fuerza «cuasimilitar» que ha dejado profundas afectaciones en el país.

En la iniciativa que busca dar el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) también admite que dichos grupos son poderosos.

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Sin embargo, citando un prefacio de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada de 2004, el Ejecutivo federal subraya que no son invencibles.

«El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en una fuerza ‘cuasimilitar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas», señala.

«Son grupos que ‘desbaratan las buenas obras de la sociedad civil, son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares, pero no son invencibles».

El poderío de los cárteles es usado como uno de los argumentos para subrayar la pertinencia de transferir el control de la corporación federal a la Sedena.

La propuesta, enviada el miércoles a la Cámara de Diputados, destaca que la delincuencia organizada incide tanto en la seguridad nacional como en la seguridad pública.

«Es así que en la Ley de Seguridad Nacional la delincuencia organizada es reconocida como una amenaza a la seguridad nacional», agrega.

«La cual también es eminentemente un tema de seguridad pública, por constituir diversos delitos del orden federal que deben ser combatidos y prevenidos por la Guardia Nacional».

En la exposición de motivos de la iniciativa, el Ejecutivo federal además destaca que la corporación busca garantizar la seguridad pública frente a las «profundas afectaciones» del crimen organizado en la vida económica, política y social del país.

«Agravadas por la estrategia conocida como ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como por su incapacidad para garantizar justicia», añade.

«La adopción de este esquema policial complejo (con la GN) responde a los desafíos sin precedente que los graves problemas de inseguridad y violencia vinculados principalmente al crimen organizado plantean al Estado mexicano en la actualidad».

La iniciativa también propone que el Ejecutivo federal proponga al Jefe de la GN y que el personal militar de la corporación no regrese a cuarteles en 2024.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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