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México

Crisis del T-MEC que nadie resuelve.

El hackeo de al menos seis terabytes de memoria a la Sedena por parte del colectivo “Guacamaya” ha puesto sumamente nervioso al Ejército mexicano. Los múltiples secretos, reservados como información privada, no solo han golpeado y dañado fuertemente la imagen de la secretaría, sino que ya ha trascendido en problemas internacionales, donde México ha quedado exhibido en cuanto al desempeño del Ejército en delitos graves como nexos con grupos de la delincuencia organizada, lavado de dinero y otros más.

Nuevos informes muestran un problema diplomático serio entre México y Estados Unidos. Según los estadounidenses, el Ejército mexicano es incapaz de realizar operaciones en conjunto. Esto ha provocado una grave desconfianza sobre temas ligados a la inmigración, el narcotráfico, entre otros fenómenos que se desarrollan en la frontera norte.

A través del diagnóstico realizado en conjunto por las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Comando Norte de los Estados Unidos, se expone abiertamente que el Ejército Mexicano carece de “funciones y responsabilidades codificadas” para realizar tareas en grupo.

Dicho informe señala que ambos Ejércitos se tienen desconfianza, pues no consideran que la información que se comparten sea segura o correcta. Los estadounidenses señalan que es urgente una capacitación profesional, a fin de poder homologar capacidades.

Esta información trascendida llega en un momento muy complicado, pues los dos países siguen en la negociación del T-MEC, una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), implementado en 1994 y que cambió las economías de los tres países con la eliminación de los aranceles a las exportaciones.

Todo recaerá en el trabajo que realice el nuevo subsecretario de Economía, el joven Alejandro Encinas Nájera, quien deberá preparar un equipo de expertos y una estrategia para dirimir las controversias y que la tensión entre países se relaje. De lo contrario, todas las políticas públicas que el presidente busca imponer en el país seguirán siendo rechazadas por los aliados y por lo tanto harán un daño profundo a las intenciones del partido Morena por implantar su autonombrada cuarta transformación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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