En Tzabalhó, Chiapas, no tienen agua entubada, por lo cual es más fácil conseguir bebidas azucaradas; además, no cuentan con el líquido limpio para su higiene
Los habitantes de la comunidad de Tzabalhó, ubicada en Chenalhó, Chiapas, utilizan agua de lluvia captada en hoyos de tierra para lavar su ropa y bañarse. (Lenin Patiño)
Era más fácil comprar un refresco que acceder a un vaso de agua. Había mucha escasez y suciedad. En Tzabalhó –comunidad indígena del municipio chiapaneco Chenalhó– hace cinco años era muy difícil conseguir agua potable; las personas se enfermaban en demasía, principalmente los niños.
Las autoridades municipales construyeron dos pozos tapizados con geomembrana para captar agua de lluvia; sin embargo, nunca les dieron mantenimiento en sus 10 años de existencia. El deterioro avanzó hasta generar rupturas; por ello, en la actualidad no se llenan al tope de su capacidad.
Para lavar ropa o bañarse también utilizan el líquido de las precipitaciones, el cual obtienen mediante hoyos, de cinco metros de profundidad, cavados en la tierra; no están cubiertos por nada, entonces, es agua lodosa. Hay alrededor de cinco; todos vacíos en temporada de sequía –marzo, abril y unos días de mayo.
Al no tener agua entubada, los habitantes de la comunidad –en especial las mujeres– acarrean ollas de barro durante 100 o 200 metros con el fin de llegar a su casa. Si es del pozo de consumo, solo se hierve y listo.
De acuerdo con reportes de la Secretaría del Bienestar, en Chenalhó hay 47 mil 371 habitantes, el 99.2% es población indígena –47 mil 24–. Asimismo, 47 mil 180 personas del municipio chiapaneco –99.6%– se encuentran en situación de pobreza, 43.7 mil –91.3%– tienen carencias de servicios básicos en la vivienda y 26.9 mil –56.9%– no cuentan con acceso al agua.
Respecto a la cobertura de agua entubada, el porcentaje de ciudadanos en condiciones rurales con este servicio aumenta conforme pasan los años, pero todavía no es suficiente: en 2005 se llegó al 66.6% del total –16 millones de personas–; para 2020 la cifra creció a 69.4% –17.9 millones de personas–; y en 2015 se alcanzó el 85% –23.3 millones de personas–, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Una pequeña solución
La situación de la zona alta de Tzabalhó cambió en 2017 gracias al apoyo de la organización Cántaro Azul, la cual instaló un Sistema de Agua Segura (SAS). Inicialmente, el proyecto contemplaba dotar del vital líquido a una escuela de la comunidad, no obstante, la asamblea local pidió hacerlo para toda la zona.
El SAS es una alternativa para tener agua desinfectada mediante la captación de lluvia. Consiste en una tubería conectada al domo de la unidad educativa que redirecciona el producto de las precipitaciones a un tanque de 24 mil litros de capacidad; después el agua pasa por procesos de purificación ultravioleta.
Aproximadamente, 200 familias de la parte alta de Tzabalhó dependen del SAS. El servicio se entrega a través del rellenado de garrafones, el costo solo es de cinco pesos –las purificadoras del ayuntamiento local cobran 23 pesos por lo mismo–; lo recolectado se destina al mantenimiento de las instalaciones.
Cántaro Azul dio los materiales y el asesoramiento para construir y manejar el Sistema de Agua Segura; la comunidad lo aceptó con facilidad y poco a poco se apropiaron de él. Hoy en día es operado y supervisado completamente por los habitantes; el acceso es de tres a seis de la tarde en lunes, miércoles y viernes.
“Nos dimos cuenta de que la gente –en Tzabalhó– no toma agua, pero porque no hay agua. Era más fácil comprar un refresco que acceder a un vaso de agua, pero no pasa solo en Chenalhó, en otras comunidades es igual. Ahora –con el SAS– nos hemos dado cuenta de que las familias ya tienen su agua para consumo”, señaló en entrevista Mariano Ruíz Gómez, responsable territorial de los trabajos de Cántaro Azul en Chenalhó.
El consumo de bebidas azucaradas disminuyó en Tzabalhó gracias al proyecto de desinfección, abundó Ruíz Gómez, porque el agua ya es más barata y fácil de conseguir. Además, dijo, los pobladores prefieren destinar su dinero en algo de la comunidad que en beneficio de las empresas privadas.
“La crisis de agua en México es grave; agua existe, pero no hay cómo entubarla, no hay infraestructura. El acceso a la gestión de infraestructura es el gran reto que se tiene, las mismas autoridades desconocen dónde se puede gestionar, no hay una difusión de información por parte del gobierno de poder decir ‘aquí gestiono’. En este caso, las comunidades han podido generar soluciones propias para tener agua”, aseveró el miembro de Cántaro Azul.
El Sistema de Agua Segura fue un gran apoyo para Tzabalhó, sin embargo, no solucionó el problema por completo, pues faltan almacenamientos del líquido y filtros para cada una de las casas, indicó a Publimetro Pedro Pérez Pérez, agente municipal del territorio.
Cuando Cántaro Azul presentó el proyecto la gente tuvo dudas sobre su efectividad, agregó Pérez Pérez, pero se conjuntaron para darle marcha y, al final, vieron los frutos gestados en la zona.
“Es un gran apoyo y me gustaría que nos sigan apoyando más y más, que no se olviden de la comunidad. También queremos que crezca más el Sistema de Agua Segura y que haya más beneficios para toda la ciudadanía de Tzabalhó, es toda mi petición”, apuntó el agente municipal.
Problema histórico
La falta de agua entubada en las comunidades indígenas es un problema histórico, pues los alcaldes siempre invierten en la cabecera municipal y difícilmente se preocupan por los territorios alejados, aseguró a este medio Xóchitl Gálvez Ruiz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República.
Dicho conflicto se agudizó con la desaparición del Fondo de Infraestructura Indígena, agregó la legisladora del Partido Acción Nacional, porque los programas sociales –con los cuales lo sustituyeron– no resuelven la falta de agua potable, los caminos sin mantenimiento y la escasez de medicamentos, por ejemplo.
“Históricamente, las comunidades indígenas han sido discriminadas de la infraestructura. De hecho, a mí de niña me tocaba acarrear el agua. Nací en el Valle del Mezquital (Hidalgo), y es una zona desértica, o sea, pensar en tener agua entubada dentro de la casa, pues, es algo muy lejano a nosotros”, dijo.
Xóchitl Gálvez, asimismo, acusó que no es escuchada cuando plantea el tema del acceso al agua en la Comisión de Asuntos Indígenas –la cual está conformada en su mayoría por legisladores de Morena–; incluso, abundó, sus puntos de acuerdo son desechados sin ni siquiera debatir el meollo del asunto.
“Voy a presentar, otra vez, un punto de acuerdo para que se dote de recursos al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para seguir dándole más atención a la infraestructura –hidráulica– que ya está y construir la infraestructura que hace falta”, concluyó la senadora panista.
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.