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México

¿Cuáles ciudades están en el cuadro de honor y del horror en percepción de inseguridad, según el Inegi?

CIUDAD DE MÉXICO.- Según resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicados por el Inegi, en diciembre de 2023 el 59.1% de la población adulta consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Compartió que durante el último mes del año, 64.8% de las mujeres y 52.3% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

Del porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda durante el cuarto trimestre de 2023, 60.0% se relacionó con consumo de alcohol en las calles, según la encuesta.

Mientras que 50.2%, está relacionada con robos o asaltos; 39.1 %, con venta o consumo de drogas; 39.1 %, con vandalismo en las viviendas o negocios; 38.0%, con disparos frecuentes con armas; 24.2%, con bandas violentas o pandillerismo; 14.1%, con tomas irregulares de luz (diablitos) y 3.3%, con robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol)”.

¿Cuáles son las ciudades más inseguras en México, según Inegi?

Las ciudades con mayor porcentaje de personas adultas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro son:

  • Fresnillo, con 96.4%
  • Naucalpan, con 91.0%
  • Uruapan, con 89.9%
  • Ecatepec, con 88.7%
  • Zacatecas, con 87.6%
  • Cuernavaca, con 85.7%.

Ciudades con menos inseguridad

En tanto, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron:

  • Benito Juárez, con 15.2%
  • Puerto Vallarta, con 19.4%
  • Piedras Negras, con 20.5%
  • Mérida, con 22.2%
  • La Paz, con 22.4%
  • Los Cabos, con 23.2%.

En este caso destaca que la alcaldía Benito Juárez repite en el primer lugar en la Ciudad de México con menor percepción de inseguridad.

¿Robo, el delito que más padecen los mexicanos?

De acuerdo con el instituto, el segundo semestre de 2023, se estima que 25.8% de los hogares tuvo algún integrante que fue víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público (incluye robo en banco o cajero automático), robo en forma distinta a las anteriores o extorsión.

Las tres ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos fueron las alcaldías Gustavo A. Madero, con 65.4 %; Coyoacán, con 61.7 % y Benito Juárez, con 57.9, todas en la Ciudad de México.

En tanto que las ciudades que reportaron los menores porcentajes de conflicto entre la población fueron: Ciudad Obregón, con 8.5%; Fresnillo, con 10.7% y Tijuana, con 13.3%.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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