La historia de Cuba está cambiando. Mientras que hace 63 años el régimen de Fidel Castro no consideraba a los homosexuales como “verdaderos revolucionarios”, hoy en día son plenamente reconocidos.
Con el nuevo Código de la Familia que fue aprobado el pasado domingo a través de un referendo, la comunidad LGBTI+ obtendrá mayores garantías sociales en la isla, entre ellas el matrimonio igualitario, la adopción, así como la gestación subrogada.
Fue la Conferencia Episcopal de Cuba y sus obispos los únicos que se manifestaron en contra de esta decisión, remarcando que era contrario a los valores y a la fe católica.
“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación los contenidos de la llamada ‘ideología de género‘”, recalcó.
A pesar de la postura contraria de la Iglesia, más de tres millones de cubanos le dieron el sí al nuevo Código, mientras que más de un millón votaron en contra, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Cuba.
A través de medios de comunicación y redes sociales, el gobierno federal difundió la aprobación del Código con el hashtag #YoVotoSí y #CódigoSí, alcanzando una difusión nacional al ser los medios propiedad del Estado.
Con el nuevo proyecto federal también se buscará enfrentar la violencia doméstica e impulsar la protección de los derechos de ancianos y menores.
Además, abrirá vías para que los abuelos adquieran responsabilidad parental sobre sus nietos en caso de un divorcio entre los padres.
También, con el Código se permitirá que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y ampliará la protección de adultos mayores o discapacitados, entre otras garantías.
Con la aprobación del nuevo proyecto, se sustituye el anterior redactado en 1979, contribuyendo “a democratizar aún más las relaciones intergeneracionales”, de acuerdo con Mariela Castro, defensora de la comunidad LGBTI+ en Cuba.
Referente democrático en Cuba
En cuanto se oficializó la aprobación del nuevo Código de la Familia, el presidente Miguel Díaz-Canel celebró la noticia, destacando a través de un video que “se había hecho justicia”, pues se había saldando una deuda que tenían con generaciones de cubanas y cubanos que llevaban años esperando por un cambio.
“A partir de hoy seremos una nación mejor, más completa, más democrática, más justa (…) Ha ganado Cuba, ha ganado todo el pueblo al darse más derechos. Hemos ganado en justicia social”, resaltó el jefe de Estado.
Para Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista de la UNAM, el referendo para votar por el Código de la Familia debería retomarse en otros países “para finalmente romper con las cadenas conservadoras que todavía persisten en el mundo”.
De acuerdo con él, con la victoria del “sí” Cuba se convierte en un territorio que avanza en la región y a nivel mundial, reflejando una sociedad que ha crecido en materia de igualdad, pero que aún así debe seguir trabajando contra la homofobia y el machismo.
“De esta votación destaco el proceso democrático que existe en la isla en el sentido de que las cosas se ponen a consulta. Rompe mucho con el mito de la dictadura, de que no hay democracia en Cuba.
“¿Qué país pone a consulta algo, si no es una nación que tiene un sistema democrático, si hay participación?”, destaca el docente.
En entrevista, López Castellanos opina que más que beneficiar al gobierno y al presidente Díaz-Canel, la aprobación del nuevo Código de la Familia favorece a la sociedad misma, que fue la que tomó la decisión de actualizar diferentes aspectos de la Constitución a través de un referendo.
Antes de que el nuevo Código entrara en un votación a nivel nacional, ya había sido discutido en el Parlamento y había tenido una serie de consultas entre académicos de diferentes áreas.
“El Código ya era una producto de discusión colectiva, pero el hecho de que se apruebe es un punto a favor de una sociedad que tiene sus propios métodos de participación a los que algunos no estamos acostumbrados”, menciona el especialista.
A pesar de que con este nuevo proyecto las y los cubanos tienen más garantías sociales, no se espera que dejen de manifestarse en favor de mayores libertades, como la de expresión y garantías económicas, que fueron algunos de los rubros por los cuales en julio pasado se alzaron contra el gobierno federal.
Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.
Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.
En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.
Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.
Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.