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México

¿De dónde salen las armas pesadas del narco en México?

El poder de fuego del narco vuelve a sacudir a México.

Un ataque con armamento de guerra contra un helicóptero militar en el estado de Jalisco la semana pasada a manos del cartel Jalisco Nueva Generación encendió las alarmas.

Los seis militares que viajaban en el helicóptero murieron.

Guadalajara, la segunda ciudad del país, y otros puntos del estado sufrieron la virulencia de esta organización delictiva, considerada por las autoridades de México y Estados Unidos como una de las más peligrosas del país.

Quince muertos (seis militares, un policía y ocho presuntos delincuentes), decenas de «narcobloqueos» y gasolineras atacadas tras los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y hombres armados en el marco de la «Operación Jalisco» destinada a debilitar al cartel.

Ese fue el saldo de la caótica jornada del 1º de mayo.

Fusil calibre 50 Barret confiscado a Los Zetas
El ataque directo a una aeronave militar tuvo, reconoció el gobierno, «una connotación especial».

La violencia no es nueva en el estado. A comienzos del mes pasado, 15 policías murieron en una emboscada del cartel con armas de grueso calibre y lanzagranadas.

Pero el ataque directo a una aeronave militar tuvo, reconoció el gobierno, «una connotación especial».

Ante esto, las autoridades buscan mostrarse en control de la situación.

El secretario de gobernación (ministro del Interior), Miguel Angel Osorio Chong, encabezó este martes una reunión del gabinete de seguridad en Jalisco y prometió que se actuará con «firmeza, decisión y oportunidad».

El mismo día el propio presidente Enrique Peña Nieto aprovechó un acto con militares para recordar: «Nuestros soldados y marinos han contribuido decisivamente a neutralizar a 93 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia».

Son los miembros de los carteles más buscados por las autoridades, los llamados «objetivos prioritarios». Uno de los que sigue suelto es «El Mencho», Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cartel Jalisco Nueva Generación.

Después de los enfrentamientos, la Secretaría de Defensa de México infomó que decomisó al cartel cuatro lanzagrandas y diez cohetes.

«Un reto frontal al Estado»

Aunque la del viernes no es un tipo de ofensiva sin precedente en el país, evidenció la capacidad de fuego de los carteles que han sumido a ciertas zonas del país en ocasionales escenarios de guerra.

El analista en seguridad Alejandro Hope no busca quitarle trascendencia a lo ocurrido, pero intenta ponerlo en contexto.

En conversación con BBC Mundo, recuerda artículos y cifras de años previos en los que se habla de al menos 55 ataques del crimen organizado contra aeronaves del ejército.

Vehículo con blindaje artesanal confiscado a Los Zetas
Las denuncias de armamento de guerra en manos de los carteles no son nuevas.

«La novedad es que le dieron al rotor y sí lo tumbaron, pero balaceras contra helicóptero ha habido. Fue muy grave lo sucedido, fue un reto frontal al Estado, pero no es un hecho sin precedentes», explica.

El propio gobierno, a través del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reconoció la gravedad del ataque.

«El hecho de que hayan atacado al helicóptero Cougar con unos cohetes que se lanzan a través de una granada, se llaman RPG, demuestra la capacidad de fuego de este grupo», señaló a la cadena Televisa.

El origen de las armas

Las denuncias de armamento de guerra en manos de los carteles no son nuevas y, opina Hope, no representan un incremento en la capacidad de ataque ni el equipamiento de estas organizaciones.

Lanzacohetes, AK-47, ametralladoras Uzi, fusiles Galil, granadas de fragmentación, fusiles Barret, fusiles AR-15: algunas de las armas que se han denunciado están en manos del narco.

De hecho, de acuerdo a datos oficiales, entre 2006 y 2012 fueron decomisados a organizaciones delictivas 81 lanzacohetes de tipo RPG.

El gobierno informó este martes que en el operativo de la semana pasada se incautaron de dos lanzacohetes RPG, dos lanzacohetes LAW, armas largas y cortas, granadas y casi 4.000 cartuchos de diferentes calibres.

Surge la evidente pregunta del flujo de armamento hacia los carteles.

Armas confiscadas a Los Zetas en 2011
Lanzacohetes, AK-47, ametralladoras Uzi, fusiles Galil, granadas de fragmentación, fusiles Barret, fusiles AR-15: algunas de las armas que se han denunciado están en manos del narco.

Los RPG (del inglés rocket-propelled grenade), también conocidos como granada propulsada por cohete o lanzacohetes, «pueden ser muy mortíferos pero lo usa cualquier milicia de tercera en cualquier guerra civil de quinta, no estás hablando de un arma de alto grado de sofisticación», señala Hope.

«Si una milicia en Somalia lo usaba, por qué no acá. Se encuentran en todos los conflictos internos del mundo. Aquí la sorpresa fue que le pegaron (al helicóptero), el tirador debe haber sido el primer sorprendido de que le pegó», añade.

El analista considera que aunque no puede asegurarlo con precisión no le sorprendería que «vinieran de Centroamérica».

«En algún momento se rastrearon cargamentos de granadas de fragmentación, que venían del Ejército de El Salvador, misiles LAW, arsenales militares de Honduras que habían sido regalados por Estados Unidos por los ’80», sostiene.

Pero esto es el material vistoso, un porcentaje menor en los arsenales del narco.

La mayoría es el rifle de asalto u otro tipo de armas que se adquieren legalmente. El mercado negro tiene su relevancia, y también el gris: donde se compra legalmente en un país determinado, pero se importa ilegalmente a México.

«Es más difícil comprar un coche»

«El 90% de las armas del narco vienen de Estados Unidos. Es una cifra lógica», señala Hope al recordar un estudio sobre la materia publicado en 2010 por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, con sede en Estados Unidos.

Otras investigaciones de oficinas públicas del gobierno de EE.UU. han asegurado que el porcentaje es del 70%.

«Hay como 8.000 armerías del lado americano en estados fronterizos, hay gun shows (feria de venta de armas)», añade, «mercados secundarios de armas donde ahí no piden identificación de nada, no te hacen ninguna pregunta, es más difícil comprar un coche que un arma».

El informe del Centro Wilson asegura que las principales armas recuperadas en México que habían sido compradas en Estados Unidos eran los rifles semiautomáticos AK-47 y AR-15.

Autobús incendiado en Jalisco el 1º de mayo
Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y hombres armados el viernes en Jalisco dejaron 15 muertos.

En una investigación de Eugenio Weigend Vargas y Silvia Villareal González publicada el año pasado en la Mexican Law Review, y reproducida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima que anualmente se trafican a través de la frontera entre ambos países 253.000 armas de fuego.

De acuerdo con cifras del primer informe de gobierno de Peña Nieto, presentado en 2013, durante 2011 se incautaron alrededor de 40.000 armas, siendo este año el de mayor número de incautaciones en los últimos diez años, recordó Weigend en un artículo en la publicación Nexos el año pasado.

«En el mejor de los casos», sentenció, «se está incautando el 16% de las armas entrantes».

Weigend, doctor en Política Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, afirmó en su investigación que uno de los retos para atacar el flujo de armas desde el otro lado de la frontera es «la autonomía que posee cada estado en Estados Unidos para decidir sus propias regulaciones en materia de armas».

«Estas diferencias», explicó, «crean mercados grises que benefician las utilidades de la venta de armas en un lado de la frontera, mientras que fortalece a los grupos del crimen organizado en el otro».

Capacidad económica

Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), plantea interrogantes sobre el uso del armamento mencionado en Jalisco pero va más allá.

«El principal tema es la capacidad financiera que tienen las organizaciones delictivas para la adquisición de material y equipo de guerra», le dice a BBC Mundo.

Enrique Peña Nieto, presidente de México
El presidente Enrique Peña Nieto recordó el martes que el gobierno neutralizó a «93 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia».

Sobre el origen del armamento, coincide en que el gran mercado del tráfico de armas es Estados Unidos, señala también el flujo proveniente de América Central e incorpora Asia.

«El segundo gran mercado de donde se dice que provienen muchos de los rifles AK-47, es el mercado asiático», explica.

Y en cuanto al acceso a este tipo de mercados, y al entrenamiento para usar armamento de variado calibre, recuerda la presencia en ciertos carteles en el país de exintegrantes del ejército mexicano y de fuerzas de seguridad de países sudamericanos.

En el marco de una guerra contra el narco que lleva más de ocho años y más de 100.000 muertes, Barrón teme por una escalada si el gobierno se ve obligado a utilizar equipos más sofisticados en respuesta al desafío del narco.

«La autoridad debe tomar otras medidas, porque es a la que le compete la protección de los ciudadanos», opinó, «y no usar ese armamento sino hacer más labor de inteligencia donde se privilegie el conocimiento y el análisis de las organizaciones».

Tomado de BBC Mundo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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