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De empleados de SRE a inmigrantes; más de 300 trabajadores peligran

Jesús Pérez tomaba su descanso de fin de año cuando lo despidieron. El 1 de enero le comunicaron, de manera remota, que no renovarían su contrato. ¿La razón? La pronta expiración de su visa diplomática. Jesús es uno de los 50 empleados de consulados mexicanos en Estados Unidos que han sido despedidos sin previo aviso, convirtiéndose en personas sin documentos legales para permanecer en el país.

Hace unos días, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) argumentó que estos despidos se debían a varios factores, entre ellos un bajo desempeño y falta de presupuesto, sin embargo, los trabajadores afectados aseguran que la única razón, como en el caso de Jesús, es el vencimiento de las visas A-2, que fueron acortadas a un plazo de cinco años por una Nota Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos emitida y entregada a la cancillería mexicana en 2016.

La Nota Diplomática, con folio 16-1279, estipula que todo el personal de los consulados que no sea ciudadano estadounidense o residente permanente local no podrá permanecer en su puesto más de 5 años. Al cumplirse este periodo, los trabajadores además de dejar el cargo deben abandonar el país.

Para poder conservar sus trabajos y garantizar la permanencia en EU, el gobierno de México solo debía regularizar la situación de las y los trabajadores y cambiar sus visas por una tipo A-1, situación que no se atendió en 5 años.

En la nota, las autoridades estadounidenses también pedían a sus similares mexicanas avisar a los empleados sobre su posible baja laboral en 2021, en caso de no regular su situación. Sin embargo, según los trabajadores, ellos nunca fueron advertidos.

A finales de 2020, el Comité Nacional de Empleados Locales en Estados Unidos – conformado por empleados locales de los Consulados de México en EU – denunció un ‘despido masivo’, cuando muchos de los trabajadores estaban de vacaciones y otros enfermos por COVID-19. A la mayoría le dijeron que la indicación había llegado directamente de la cancillería mexicana.

Según el Comité, los despidos se dieron en los consulados de doce ciudades: Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Denver, Las Vegas, Tucson, Houston, San Antonio, Dallas, Indianapolis, San Francisco y Presidio.

La visa de los primeros empleados despedidos expiraba en el primer trimestre del año y se prevé que el segundo recorte masivo sea para trabajadores cuya visa pierde vigencia en agosto de 2021.

De acuerdo con datos del Comité, más de 300 empleados perderán sus empleos en los próximos meses por esta situación.

El 22 de diciembre, el canciller Marcelo Ebrard fue cuestionado sobre el tema y aseguró que ya se estaba renegociando la vigencia de las visas con el gobierno en transición.

“Yo estimo que para fines del mes de febrero podamos tener una respuesta de la nueva administración y que el nuevo estatus que logremos, por lo que hace las visas, nos permita también ajustar su situación laboral”, dijo Ebrard.

Pero mientras se aclara la situación, los mexicanos sin trabajo y sin documentación estarán frente a una incertidumbre que les impide pagar gastos médicos o solventar a sus familiares.

Inicialmente, en el recorte masivo, el personal de consulados reportó a 80 personas despedidas. Semanas después, el 13 de enero, Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la SRE, informó que la cifra en realidad había sido de 50 trabajadores.

El subsecretario de América del Norte también afirmó que la ola de despidos de trabajadores independientes no solo fue por renovación de documentos, sino también por otros temas como la disponibilidad presupuestal, bajo desempeño y las necesidades cambiantes de las representaciones.

Pero Jesús contradice esta versión y asegura que por presupuesto no fue ya que los empleados dados de baja fueron inmediatamente sustituidos. Tampoco se debió a un mal desempeño, porque, en su caso, era quien tenía más logros en su oficina.

“¿Cómo es que por mi rendimiento fui despedido? No le confías la coordinación del departamento a alguien que tiene un mal desempeño”, añade Pérez, “La experiencia adquirida, la vocación, la puntualidad, la responsabilidad y el profesionalismo no me sirvieron para poder conservar mi empleo y eso la verdad es muy triste”.

Jesús, al igual que sus compañeros, no solo perdió su trabajo, sino su estatus migratorio y ahora podría regresar a México en calidad de deportado pese a tener una vida hecha en EU y una familia que mantener.

“Pago el tratamiento médico de mi esposa y mi padre quien padece Parkinson, pago la universidad de mi hermano. Sin trabajo será difícil para mí solventar los costos médicos”, afirmó Jesús en entrevista para Animal Político.

Antes de ser despedido se desempeñaba como coordinador en el Departamento de Protección en el Consulado Mexicano de Presidio, Texas. “La verdad es algo que no te esperas, sobre todo cuando das todo en el trabajo”.

La visa de Emilio, quien aún conserva su empleo, vence a mediados de año, por lo que el despido parece inminente.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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