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México

De nueva cuenta agente fronterizo mata a mexicano

MÉXICO, D.F. (apro).- Un mexicano murió a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, que disparó su arma en el margen del río Bravo.

El incidente sucedió luego de que un grupo de personas supuestamente apedreara a agentes fronterizos y un hombre les apuntara con un arma desde el lado mexicano, ayer sábado.

En el hecho se reportó la muerte de un hombre, dijo el cónsul de México en Brownsville, Rodolfo Arenas Quilatan.

La víctima fue identificada como Juan Pablo Santillán, de 30 años, quien era originario de Matamoros, Tamaulipas.

El cuerpo de Santillán, encontrado en las márgenes del río Bravo, presentaba dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en el pecho.

Una mujer, quien dijo ser familiar de Juan Pablo, aseguró que testigos le indicaron que el hombre falleció tras recibir disparos de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

A través de la Cancillería, el gobierno de México condenó este domingo la muerte del mexicano.

En un comunicado, aseguró que el Consulado mexicano en Brownsville pidió a las autoridades estadunidenses una investigación exhaustiva del incidente registrado en las inmediaciones del puente internacional Los Tomates-Veterans, la cual, advirtió, deberá llevarse hasta sus últimas consecuencias.

El vocero de la Patrulla Fronteriza, Enrique Mendiola, confirmó en un comunicado que ayer sábado dos agentes respondieron a balazos a dos agresiones.

La primera, contra una persona que les apuntaba con un arma de fuego desde territorio mexicano, por lo que uno de los agentes detonó su arma en legítima defensa.

Simultáneamente, otro agente en otro sector del río Bravo, en Brownsville, respondió a balazos a un ataque a pedradas.

Mendiola calificó los incidentes como “dos encuentros peligrosos” y aseguró no tener reportes de una persona fallecida.

Señaló que el FBI y las autoridades mexicanas están investigando el caso.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que “El gobierno de México ha expresado de manera reiterada que el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia, y que las responsabilidades correspondientes deben deslindarse con transparencia, incluyendo por la vía judicial”.

El Consulado de México en Brownsville, señaló la SRE, ofrece a los familiares del connacional fallecido toda la asistencia consular y asesoría jurídica necesaria y dará puntual seguimiento a las investigaciones estadunidenses.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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