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México

De nuevo se retira propuesta militar

CDMX.- Al asegurar que hay preocupación en la alianza Va por México, la cual se suspendió temporalmente, el PAN y PRD urgieron al PRI, otra vez, retirar la propuesta legislativa que extiende el plazo del Ejército en la Guardia Nacional (GN) hasta el 2028.

Las dirigencias del PAN y PRD aseguraron que el artículo 5 transitorio constitucional establece que los militares apoyarán a la GN hasta marzo de 2024, por lo cual no urge reformarlo en este momento y en ese sentido.

Asimismo, afirmaron que el PRI estaría apoyando con la propuesta y su posterior votación una fallida estrategia de seguridad del actual Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, emanado de Morena.

«Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática asumiendo nuestra responsabilidad histórica, preocupados por el mantenimiento de la coalición Va por México y por ser una necesidad política ante la muy difícil realidad que vive el País, hacemos un nuevo y respetuoso llamado a las y los legisladores del PRI a efecto de que retiren su propuesta al 5o transitorio constitucional, o en su caso, votar en contra de la propuesta de reforma, con lo cual daríamos tiempo para construir como Coalición una propuesta responsable», se advirtió en comunicado.

«Se requiere una propuesta real, construida de la mano con la sociedad civil y por la coalición Va por México, asumiendo la práctica del parlamento abierto, para que se conozcan las preocupaciones de la academia, de expertos en la materia y tener diagnósticos objetivos sobre la situación del sistema de seguridad pública del País».

También aseguraron que no están en contra de mejorar la seguridad pública, pero sí en que los encargados de ésta sean en primera instancia las Fuerzas Armadas y no la Guardia Nacional, que en su inicio se prometió será de carácter civil.

«A diferencia de lo que prometió en campaña y no cumplió López Obrador, ni el PAN ni el PRD estamos pidiendo que regresen los militares a los cuarteles. Lo que estamos pidiendo es que se corrija la fallida estrategia de seguridad que ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil, bien pagada, equipada y organizada», se añadió.

El pasado 7 de septiembre, estas dirigencias anunciaron la suspensión temporal de la alianza con el PRI como forma de mostrar su inconformidad porque éste propuso extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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