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De superpolicías en tres sexenios, a fugitivos por presunto nexo con el narco

Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García fueron durante tres sexenios altos mandos de la policía en México. Impulsados por su jefe, Genaro García Luna, escalaron posiciones en áreas de seguridad e inteligencia, hasta tener a su cargo operativos clave contra el crimen organizado y la vigilancia de instalaciones estratégicas, carreteras y aeropuertos.

Pero ayer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los acusó de ser, – al mismo tiempo, – protectores, colaboradores y cómplices del Cártel de Sinaloa y del tráfico de toneladas de cocaína a su territorio. En síntesis: de trabajar para el cártel. Todo ello a cambio de supuestos sobornos de millones de dólares.

Las imputaciones forman parte de una acusación ampliada presentada ante una corte de Nueva York en contra del propio García Luna, actualmente preso en ese país. La adición a la misma de los nombres de Cárdenas y Pequeño García, ha convertido ahora en fugitivos a los que por años conformaron la cúpula policial en México.

En nuestro país, mientras tanto, existen desde hace más de una década señalamientos de posible cooperación de García Luna, Cárdenas Palomino, entre otros, con el crimen organizado. Se han iniciado carpetas de investigación y se han congelado cuentas ligadas a ellos por posible lavado de dinero.

Pequeño García, incluso, fue dado de baja a mediados del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto del cargo de jefe de División de inteligencia de la Policía Federal, luego de que el líder del “Cártel de Sinaloa” lograra escapar de un penal vigilado por cámaras que tenía a su cargo.

Pero hasta ahora no existe en contra de alguno de ellos casos judicializados ni órdenes de aprehensión por corrupción en México. No obstante, las acusaciones anunciadas ayer en Estados Unidos podrían derivar en solicitudes de detención con fines de extradición en México.

Cárdenas Palomino y Pequeño García desarrollaron carreras en ascenso en las estructuras policiales en México hasta llegar a puestos clave en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En ese tiempo llegaron a presumir incluso de reconocimientos. Pero de forma paralela, habrían colaborado con el crimen organizado según los fiscales de Estados Unidos.

Una cosa es segura, ambos fueron hombres del primer círculo de confianza de García Luna, jefe máximo de los aparatos de investigación policial y de seguridad en el país durante doce años, y quien ahora enfrenta un juicio en los Estados Unidos por su presunta cooperación con el narco.

Desde finales de la década de los 80, Cárdenas Palomino conoció a García Luna cuando ambos colaboraran como agentes del ya desaparecido Centro de investigación y Seguridad Nacional.

En los 90 comenzó su carrera en la entonces Policía Judicial Federal y fue escalando posiciones. Avanzó a jefe de grupo en operativos antinarcóticos y luego a titular del grupo antisecuestro, hasta llegar al puesto de Director General Adjunto de la referida corporación ya bajo su nueva denominación como Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular era, justamente, García Luna.

Durante todo el gobierno del presidente Vicente Fox, Cárdenas Palomino se mantuvo en la posición de segundo al mando de la AFI, corporación responsable de investigar todos los delitos federales en México y de ejecutar las órdenes de aprehensión giradas por jueces federales.

A mediados de 2006 Palomino fue designado jefe de la AFI luego de que García Luna dejó el puesto para conformar y encabezar la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), ya en el sexenio de Felipe Calderón

En 2007 Cárdenas Palomino llegó a la SSP ocupando diversos puestos entre ellos el de Coordinador de Inteligencia para Prevenir el Delito, y el de titular de la División de Seguridad Regional. En esos puestos, este funcionario estuvo a cargo tanto del diseño de operativos clave contra el crimen, así como de la vigilancia de carreteras, puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas en el país. Dejó el puesto al concluir el gobierno de Calderón.

Fuente: Animal Político.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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