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Debe corregirse modelo que institucionaliza el mando militar en Seguridad Pública: Corral

El modelo que institucionaliza el mando militar en Seguridad Pública por medio de la Guardia Nacional, debe corregirse ya que vulnera el federalismo, atenta contra la soberanía de los estados y pone en jaque el proceso de profesionalización policiaca, señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

En entrevista para Imagen Informativa realizada la mañana de este martes, con Pascal Beltrán del Río, el mandatario indicó que en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados reiterará su oposición a la militarización de la seguridad pública en el país y su convicción de que la apuesta debe ser por la profesionalización de los cuerpos policiacos.

Consideró que el modelo planteado no es pertinente para enfrentar efectivamente el grave problema de seguridad y de violencia en México, y señaló que la Guardia Nacional es un concepto que puede ser bien recibido o que puede tener incluso una utilidad pero que requiere de depender de un mando civil.

Javier Corral dijo que el Gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Secretaría de Seguridad Pública pero algo sucedió en el camino y en lugar de enviar la Guardia Nacional a la nueva institución, la hizo depender de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es difícil pensar en la existencia de un secretario de Seguridad Pública que no tenga un mando sobre la Policía; es muy difícil plantear que el secretario de Seguridad sólo puede ser el planeador de las estrategias conceptuales y que todo lo demás deba estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, expresó.

El gobernador destacó que también le preocupan varias disposiciones que afectan la soberanía de los estados, ya que la reforma pretende darle al Presidente de la República un control mayor sobre policías auxiliares y corporaciones privadas en las entidades federativas.

Agregó que además pretende adjudicarse los centros de investigación, los centros de información, de investigación en materia de seguridad pública, e incluso plantea la posibilidad de desaparecer a las policías municipales o estatales mediante una intervención federal.

“Creo que hay cuestiones muy delicadas en este dictamen que deben ser corregidas y, con el ánimo de buscar una solución de una mejor estrategia y esperanzados en que sea un foro con propósitos realmente de escuchar y no sólo de trámite, es que acudiré a la Cámara de Diputados”, explicó.

El titular del Ejecutivo estatal recordó que Chihuahua es un estado que se ha opuesto de manera consistente a la militarización de la seguridad pública en el país, y señaló que en lo personal, desde antes de su llegada al Gobierno del Estado, esa misma convicción la sostuvo como legislador.

“Dentro del propio gobierno del presidente Calderón, yo expresé mi convicción de que pretender institucionalizar o hacer permanente la tarea de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, lo único que hacía era ir nulificando los esfuerzos de profesionalización policiaca y colocando un riesgo cada vez mayor en materia de derechos humanos”, detalló.

Adelantó que acudirá ante la Cámara de Diputados con la misma convicción y consistencia con la que se opuso a la minuta que reformaba la Ley de Seguridad Interior para justificar una intervención militar, así como acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa misma legislación.

El gobernador señaló que si no se corrigiera el dictamen en la Cámara de Diputados y persistieran varias de las disposiciones que afectan la soberanía de los estados, vulneran el federalismo e institucionalizan el modelo de mando militar en Seguridad Pública, se tendría que hacer un esfuerzo muy importante para ir al Senado de la República a buscar detener esa minuta con la tercera parte de los legisladores.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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