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Política

Debe informar Hacienda de dónde salieron fondos para tarjetas Soriana

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de informar de dónde salió el dinero y a quién se le entregó para la emisión de tarjetas Monex y Soriana, esta última administrada por Banamex, de las cuales se tiene que contar con un registro con los nombres y domicilios de los usuarios, afirmó Marcos Fuentes Franco, coordinador del Centro de Estudios del Sector Bancario.

De acuerdo con las políticas de supervisión de procesos preventivos de lavado de dinero, dijo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le corresponde supervisar los reportes de clientes y usuarios del sistema financiero, para lo cual cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera que tiene la obligación por ley de detectar operaciones y negocios sospechosos, así como la identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos potencialmente ilícitos.

Especializada en divisas, Monex es la mayor operadora de cambio de moneda que existe en el país, con más oficinas en el mundo que cualquier banco, y tiene que haber reportado las operaciones inusuales y los nombres de quienes las realizaron, pues de otra manera se habrían violado las disposiciones legales sobre lavado de dinero.

Más aun, por ley las instituciones de crédito tienen la obligación de reportar a la CNBV las operaciones sospechosas de lavado de dinero, como es el caso de las tarjetas Monex y de Soriana, administrada por Banamex.

Fuentes Franco precisó que la Secretaría de Hacienda debe contar de inmediato con esta información,porque de lo contrario las instituciones financieras estarían actuando fuera de la ley, y los bancos son beneficiarios de una concesión y tienen la obligación de reportar a las autoridades los movimientos inusuales, a la vez de contar con un banco de datos con información de los usuarios de todo tipo de tarjetas que constituyan un medio de pago. También tienen la obligación de reportar movimientos de ingresos para aplicar el impuesto sobre depósitos en efectivo.

Incluso, para la expedición de sus tarjetas, Soriana requiere de los domicilios y de una identificación oficial de los solicitantes, según informa en su página web, pues estos plásticos son parte de un programa por medio del cual se obtienen puntos, dinero electrónico u otro beneficio como resultado de las compras realizadas en sus establecimientos.

Por lo mismo, es obligación de la CNBV investigar de inmediato, porque así lo establece la ley, lo que parece blanqueo de dinero, porque no hay información del origen y destino de los recursos involucrados.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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